Elecciones en España

Mi propuesta de Socialcristianismo no es meramente teórica, sino que estoy convencido de que se puede y se debe llevar a la práctica. En España estamos en plena campaña electoral. Una campaña especial por dos motivos: llevamos atravesando una crisis económica muy profunda que ha sumido en la angustia a más de cinco millones de parados; y la primera vez que en España se ponen impedimentos a cualquier partido para que participe libremente: se ha exigido que aquellos que no tuviesen representación parlamentaria previa recogiesen firmas por el 0,1% del censo de cada circunscripción por la que quisieran presentarse.

Pues bien, esto ha conducido a que sólo se presenten tres partidos que en algún modo compartan el Socialcristianismo:

El Partido Familia y Vida, que se presenta únicamente en Ávila.

Derecha Navarra y Alternativa Española se presentan en coalición en Navarra.

Solidaridad y Autogestión Internacionalista, que ha logrado presentarse en 15 provincias.

Creo que merece la pena tener en cuenta estas opciones y no dejarse llevar por el mal menor o el voto útil; y recomiendo ver el vídeo de SAIn, cuyo enlace he incluido.

Sistema fiscal

El socialcristianismo propugna un sistema Fiscal justo que sirva para la redistribución de la riqueza, en el sentido de que el excedente de ingresos de unos sirva para garantizar el mínimo nivel de vida al que todos tienen derecho. Por supuesto, se debe respetar el sistema de propiedad privada, por lo que la tributación no será confiscatoria. Además, el Estado no deberá recaudar para atender servicios que pueden ser dejados a la iniciativa privada o la colectiva; y procurará que el sector público no tenga una dimensión más amplia de lo imprescindible para garantizar los servicios generales básicos y el nivel de vida digno de todos. 
La tributación -y la progresividad de las tarifas- debe establecerse en base a la capacidad económica real de cada individuo o de cada familia; por loq ue se tendrán en cuenta no sólo los ingresos nominales, sino las cargas a las que se debe atender con dichos ingresos. Por supuesto, la fiscalidad protegerá la célula social básica, que es la familia, prestando atención a sus necesidades de subsistencia, vivienda y educación.
En los casos en los que resulte conveniente incentivar algunas actitudes sociales o sectores económicos, se concederán las desgravaciones oportunas; pero en ningún caso se discriminará la tributación basándose en la diferenciación de fuentes de renta, cuando esto no suponga una distinta capacidad económica.
Todos los límites para la aplicación de tarifas e incentivos fiscales deberán ser progresivos, de modo que no se produzcan escalones ni saltos bruscos.

El Estado garantizará la efectiva aplicación del sistema fiscal con el suficiente control de su cumplimiento y castigo del fraude. A la presunción de inocencia (en los casos de dificultad de interpretación de la norma o ausencia de dolo) y las ayudas para el correcto cumplimiento de la normativa se unirá un sistema sancionador efectivo que disuada del fraude y lo convierta en delito para importes análogos a otros delitos económicos. Reducción de las sanciones cuando no existe ocultación o se trata de un criterio fundado de interpretación de norma.

La Hacienda Pública agilizará las devoluciones y compensaciones de créditos de aquellos contribuyentes que tengan derecho a las mismas. El procedimiento recaudador será más flexible para el contribuyente que se encuentre al corriente de sus obligaciones: aplazamientos sin garantía; o con la garantía de devoluciones solicitadas.

Se deberá desarrollar ua Administración Tributaria más cercana al ciudadano y los problemas del contribuyente, facilitando los trámites. Se establecerá una concreta responsabilidad de la Administración en sus errores de gestión; y un procedimiento abreviado para resolver estos casos con la menor molestia para el administrado.

La muerte de Bin Laden

¿Qué opina el socialcristianismo del asesinato de Bin Laden?
Pues tendremos que acudir a la Doctrina Social Cristiana para contestar a esta pregunta.
La pena de muerte es el último recurso al que puede acudir el estado moderno para combatir el mal; y sólo es justo aplicarla cuando no existe otro medio de defensa de la sociedad ante el grave peligro de vidas humanas.
Habitualmente el estado puede defenderse de los malvados encerrándolos en una cárcel; y, si es necesario, de por vida. Por lo tanto, habitualmente no se tendrá que recurrir a la pena capital para defender la vida de los ciudadanos.
En algunos casos extremos, no es posible arrestar al causante del mal; o incluso una vez detenido, continúa con su organización maléfica. En estos casos extremos, la sociedad se ve en la obligación de acabar con la vida del causante como único medio de evitar las muertes de inocentes.
El caso de Bin Laden, ¿es uno de estos casos extremos? Si nos atenemos a la información oficial que se nos ha facilitado, es evidente que Bin Laden ha ocasionado muchas muertes; y, probablemente, tenía intención de seguir ocasionándolas. Por supuesto, era extremadamente difícil localizarlo y detenerlo para juzgarle. La legítima defensa social puede hacer necesaria la muerte de Bin Laden de la forma en que se ha hecho; pero quien ha dado la orden deberá responder de que:
- existiera un grave y real peligro para vidas humanas inocentes.
- no fuese posible detenerlo para juzgarlo.
- no se haya tratado de una venganza, sino defensa propia.
- no se haya hecho con motivos de interés político.
Yo no tengo esas respuestas; pero quien va a juzgarles sí.

Evidentemente, la política familiar necesita un cambio

El absurdo progresismo del lobby feminazi ha centrado toda la política familiar en el aborto, la disolución fácil del matrimonio y la ideología de género, con la Ley de Violencia de Género como bandera.

Pero según un estudio del Centro Reina Sofía, se ponen de manifiesto las consecuencias de tan insensata política y que las actuales prioridades no son las correctas.

Transcribimos un artículo publicado en FORUNLIBERTAS.COM:

El olvido de la violencia infantil en la familia

contrasta con la fijación con la violencia de género

 

El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia ha hecho públicas las cifras del primer informe sobre el maltrato infantil en la familia que se ha hecho en España. Este hecho ya resulta relevante

 

El Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia ha hecho públicas las cifras del primer informe sobre el maltrato infantil en la familia que se ha hecho en España. Este hecho ya resulta relevante.

Lo relevante es la brutal diferencia que existe entre la escasa atención del legislador sobre el maltrato infantil y las mínimas medidas que adopta en contra posición a la importancia que tienen numéricamente sus cifras, tal y como lo demuestran el informe del Reina Sofía.

Se trata de un caso flagrante de violencia doméstica más grave y agudo que la violencia existente actualmente contra la mujer. Sin embargo, sobre la violencia infantil hay un silencio espectacular que contrasta con la relevancia mediática que se le da al segundo.

El maltrato infantil, protagonista en todos los tipos de familias

¿Qué se deduce del estudio realizado por el Centro Reina Sofía? El maltrato dirigido al menor en el seno familiar es muy grave en las familias monoparentales (un 28,8% de los casos) y en las reconstituidas (un 13,9% de los casos). En las familias monoparentales hay 14,77 veces más de maltrato al niño y en las reconstituidas 4,45 más veces con respecto la familia convencional.

El estudio, que se basa en los 32.741 expedientes de protección al menor incoados en España entre 1997 y 1998, observa que las mujeres son más agentes de maltrato infantil que los hombres en un porcentaje de 56,4% de menores de sexo femenino y 43,5% de sexo masculino.

La madre biológica es la que más maltrata (un 52,5%) , mientras que el padre biológico un 35,8%. El padrastro maltrata en un 4,6% de los casos de violencia y en un 3,4% son alguno de los abuelos. El hecho de que la madre biológica maltrate más se explica porque el 83% de las familias monoparentales está a cargo de la madre.

En la familia el abuso sexual por parte de la madre es del 3,8%, pero en la familia reconstituida la violencia sexual por parte de la madre biológica tiene una incidencia de hasta el 13,7.

Además, el estudio revela que en las rupturas familiares el niño es víctima, pero no solamente desde una perspectiva afectiva sino que es objeto de maltrato físico (en un 24,6% si sumamos violencia física y abuso sexual.

Las cifras revelan un gran problema: el olvido de los medios de comunicación, los legisladores y los fiscales en la violencia infantil en la familia contrasta con la fijación que existe con la violencia de género que ha tomado tanto protagonismo que, incluso, llega a afectar de forma contraria a lo que se pretende, su erradicación.

La verdad en política

Si la acción política se deja llevar por la mera subjetividad o el consenso de la mayoría, sin preocuparse por aplicar la verdad a sus planteamientos, entonces difícilmente podrá lograr la justicia y la paz, porque éstas descansan en la verdad no en los frágiles consensos pasajeros.
¿Puede un político alcanzar la verdad?
Para el común de los mortales, la verdad es la "adecuación entre el intelecto y las cosas"; y en general se puede alcanzar mediante el uso de la razón. Pero para los cristianos, la verdad es más plenamente lo que nos ha sido revelado por Dios. Ya sé que la revelación y la fe no pueden ser categorías políticas, ya que no son compartidas por todos. Pero es cierto que la concepción social que el cristianismo ha ido transmitiendo a la sociedad en estos veinte siglos, y que es la plasmación de dicha revelación, ha logrado la sociedad más avanzada de todo el mundo. Y también es cierto que, cuando esta sociedad ha querido separarse de la verdad objetiva y ha comenzado a legislar y vivir como si no existiese -ha renunciado a sus raíces cristianas-, ha comenzado a descomponerse rápidamente y a buscar modelos en sociedades manifiestamente inferiores.
Hasta que la acción política y la acción social no vuelvan su punto de mira hacia la verdad, Occidente no podrá salir de la profunda crisis existencial en la que se encuentra.  

Relaciones laborales (y 2)

Tenemos que desarrollar una nueva forma de relaciones laborales.

A las medidas ya explicadas en una entrada anterior, se podrían añadir las siguientes:

Establecer un sistema de Planes de Pensiones dentro de la propia Seguridad Social, de forma que se rebajasen las cotizaciones obligatorias y se sustituyesen por aportaciones a estos planes. Este sistema de pensiones se basaría en el método de capitalización de las aportaciones, de modo que se pueda obtener un retorno de las mismas sea cual sea el tiempo de cotización; este sistema estaría en todo caso garantizado por el Estado.

Implantar un control estricto de las prestaciones por desempleo, de forma que las cobren quienes realmente tienen derecho y necesidad de las mismas. Durante su percepción, los trabajadores deberán asistir a cursos de reciclaje profesional; y no podrán rechazar ofertas de empleo para las que estén capacitados.  

Establecimiento de un control real de lasa retribuciones de los consejeros y el personal de alta dirección por los accionistas de las compañías, especialmente de las sociedades cotizadas. Estas retribuciones e someterán a estudio siempre que lo solicite una minoría que represente el 5% del accionariado. No podrán establecerse contratos de blindaje de los consejeros o altos directivos, sin que sean expresamente aprobados por la Junta General.

Los Presupuestos Generales

Una de las funciones más importantes de los políticos es la de gestores de la economía nacional. En realidad, son los administradores del dinero de todos, que se recauda fundamentalmente mediante Impuestos que ellos determinan.

Es curioso cómo la mayoría de los gobiernos, del signo que sean, se afanan en aumentar el volumen del Estado, el control sobre el ciudadano y multiplican los gastos, ya sean en inversiones, en Administración pública o en subvenciones: el caso es controlar la mayor masa monetaria posible.

Y cuando el aumento de los Impuestos ya no resulta viable, acuden al recurso del endeudamiento. Uno de los aspectos más delicados de la actual crisis económica es el desmesurado déficit público de la práctica totalidad de las naciones occidentales.

Y esto es una situación totalmente antidemocrática, ya que el endeudamiento hipoteca el futuro de los ciudadanos. Mediante esta herramienta financiera, los políticos proyectan su gestión -su mala gestión, diría yo- mucho más allá que la mera duración de sus mandatos. Y esto excede con mucho sus facultades; y restringe las posibilidades de gestión de aquellos que les sucedan. 

Un auténtico sistema democrático debe establecer límites muy restrictivos a la posibilidad de endeudamiento, relegando el déficit a situaciones extraordinarias y temporales; y debidamente aprobado por el parlamento. En principio, el mero planteamiento de unos Presupuestos deficitarios debería estar reprobado.

Medidas anticorrupción

No basta con rechazar la corrupción política y lamentarse constantemente de esta lacra, es necesario exigir tanto al gobierno como a los partidos que adopten medidas eficaces para evitarla.

Lo primero será identificar esta corrupción como la obtención de cantidades o favores a cambio del tráfico de influencias, la información privilegiada, la concesión de licencias o la adjudicación de contratos, ya sea directamente o disfrazado de "financiación del partido", que es un eufemismo para designar un vulgar chantaje.

Si los partidos realmente quisieran erradicar esta lacra, serían los primeros en denunciarla; pero como realmente les acaba beneficiando a todos, prefieren encubrirla o negarla.

Se me ocurren algunas medidas que podrían incorporarse tanto al código penal como a la ley electoral, para que sean los propios compañeros los que denuncien estas prácticas:

• Mientras a un político se le esté procesando por corrupción, tendrá que cesar provisionalmente en todas sus actividades públicas, ya sean cargos electos o dentro de su partido; y si finalmente resultase condenado, el cese será definitivo y perderá la posibilidad de presentarse como candidato durante un plazo de diez años. Mientras que una persona está siendo procesada por cualquier delito, no podrá presentarse como candidato en ningún tipo de comicio.
• Además, tras la condena en firme, el partido en cuyas listas fue elegido, no podrá presentarse en dicha circunscripción durante el mismo plazo de diez años; y si se hubiese comparecido en comicios desde la denuncia hasta la condena, sus cargos electos por esa misma circunscripción deberán renunciar, reduciéndose el número de miembros del órgano que se trate.

Con medidas como las indicadas, serían las propias formaciones políticas las encargadas de vigilar la honradez de sus miembros.

¿Para cuándo estos cambios?

Manifestaciones en contra de la corrupción.

Se han producido este fin de semana manifestaciones en contra de la corrupción política. Esta podría ser una buena noticia; pero no es así. Porque han sido manifestaciones organizadas por uno de los partidos en contra de la corrupción de los miembros del otro partido. Y esto es muy malo, es síntoma de la podredumbre de nuestra democracia: la corrupción sólo es mala si la cometen “los otros”. En base a este lema, hay ciudadanos a los que parece que no les importa ser robados, si quien les roba es de “los suyos”.

La situación debería ser radicalmente opuesta: cada partido, cada ciudadano, debería tratar de erradicar la corrupción empezando precisamente por “los suyos”, expulsando a todo aquél que se ha colado en la política para sacar provecho personal a costa de los demás.

Y mientras que los partidos no actúen así, nosotros tendremos que seguir denunciándolo; y buscando partidos nuevos que acepten este código indispensable.

¿Social o socialismo?

El socialismo hace de lo social una ideología en si misma; y anula a la persona en beneficio de un estado totalitario y opresivo.

El Socialcristianismo lleva al campo de lo social la ideología cristiana, buscando que cada persona no sea ajena a las circunstancias de las demás: evita el individualismo manteniendo la prioridad de la persona. El Estado debe cumplir las funciones subsidiarias de canalizar y coordinar esa solidaridad [que es la caridad cristiana]; o la suple cuando los ciudadanos no la practican.

El poder de los partidos

Los partidos políticos europeos están concebidos más como instrumentos de poder que como vehículos de representación popular. Se parecen a la concepción Comunista de partido único y son igualmente despóticos.
De hecho, el partido aunque nazca como agrupación de electores que tienen una misma ideología o fines políticos, enseguida supedita dichos principios y fines a la obtención del poder. Cambian su interés en hacer un tipo concreto de política, por su interés en hacer política de cualquier tipo. Es el poder lo que persiguen.
Por esto, existe un divorcio absoluto entre los intereses de los ciudadanos y los de los políticos que los representan. Más que asumir la opinión pública, suelen modelarla según sus estrategias.
Y para que todo esto pueda funcionar, estructuran sus propias formaciones políticas basándolas en esquemas parecidos de poder: el líder no es el mejor político, el que aporta mejores propuestas o soluciones, ni siquiera el mejor gestor: el líder del partido es aquél que ha logrado más poder dentro de su formación. Poder que muchas veces depende del clientelismo y las prebendas que se hayan repartido o prometido. 

Estos partido no pueden encarnar la representación pública en una Democracia, ya que ellos mismos no son democráticos internamente.

La Ley electoral española

Uno se pregunta cómo es posible que siendo considerados nefastos los políticos de un país, puedan salir y volver a salir elegidos. Por ejemplo, en España ningún político logra el aprobado en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): los españoles suspendemos a TODOS nuestros políticos. Entonces, por qué les volvemos a votar?

Está muy claro: la democracia está secuestrada por la clase política y ya se encargan ellos de que no se pueda introducir ningún advenedizo en este coto privado que se han creado. En España, la ley electoral consagra el monopolio de los grandes partidos que primero alcanzaron el poder; y no hay posibilidad de introducir alternativas. Este monopolio descansa en el sistema de ayudas económicas a los partidos que ya están, en las listas cerradas que convierten a los candidatos electos en siervos del partido, no del pueblo que los elige; y si alguno pretende desmarcarse, se le aplica la disciplina de partido y se le silencia.

Es necesario modificar la ley electoral, estableciendo un sistema de listas abiertas, en las que se puede elegir al político que mejor nos representa y no al que más servicios presta a su líder. También se deberían eliminar los mínimos para lograr representación pública: si un partido obtiene el 2% de los votos, ¿por qué no va a tener dos diputados de cada cien? Y para una representación mejor del pueblo, reducir el tamaño de los distritos electorales, para poder conocer a los candidatos, sus programas y su posterior cumplimiento. 

Con estos cambios, no sólo se daría sabia nueva a nuestra democracia, sino que se podría controlar la actuación de CADA político elegido.

Pero claro, a nuestra partitocracia y sus líderes no le interesa que sus súbditos puedan elegir realmente a sus representantes.

Otra vuelta de tuerca

En España, el Estado opresivo y déspota quiere dar una nueva vuelta de tuerca en su control de los ciudadanos. Una de las visionarias de nuestro gobierno está planeando la promulgación de una ley que imponga la igualdad de trato. En principio esto de la igualdad suena bien; pero cuando se aplica la igualdad forzosa a quienes se comportan de forma desigual, entonces puede esconder la mayor de las injusticias y la mayor de las discriminaciones hacia los ciudadanos cumplidores y productivos.

Pero esta injusticia no sería lo peor de esa anunciada Ley de Igualdad de Trato. Lo malo, lo perverso, lo inconstitucional, lo atentatorio contra los derechos humanos, es que dicha leynefasta incluye disposiciones que considerarán delito todas aquellas opiniones contrarias a la misma. Es decir, si yo considero que algunas actitudes no son tan iguales y que no deberían recibir el mismo trato, entonces estaré cometiendo un delito de opinión. Sí, en España, después de la conquista democrática, se va a imponer el delito de opinión, como en la China comunista, la Cuba de Castro, los soviets de Stalin o la Alemania de Hitler: en España será el Estado el que nos diga lo que tenemos que opinar; y al que "piense" lo contrario, se le podrá procesar.

Perdónenme la expresión, pero lo único que se me ocurre añadir es:

¡TOMA YA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y TOLERANCIA!

Proyecto España

Se ha hablado últimamente de la "marca" España, como si nuestra nación estuviese en venta, cuando lo que están en venta son nuestros productos y nuestros servicios turísticos, que no es lo mismo. ¿Es que la crisis económica nos ha rebajado tanto que ahora sólo nos preocupamos de vender? España, ¿no es otra cosa que una enorme empresa mercantil?

Yo prefiero hablar del Proyecto España, que se parece más a nación española; porque cualquier pueblo que se precie sabe que es algo más que un "producto en venta". Y, además, el proyecto español ya era un proyecto global cuando todavía no se habían inventado las telecomunicaciones.

Hay que retomar el proyecto España, pero siendo muy conscientes que la grandeza de la nación española no proviene específicamente de la bondad de sus gentes, ni de su capacidad económica, ni de la iniciativa de sus investigadores, ni de la importancia y variedad de sus creaciones artísticas y culturales –que de todo esto tiene y mucho- ni siquiera de la simple amalgama geográfica de sus pueblo; sino que su grandeza se deriva de haber sabido extender la concepción social cristiana por todo el orbe, haber sido la nación que hizo que a Occidente se le conociese durante siglos como “la Cristiandad”; y ésta fuese envidiada por todas las demás culturas.

España volverá a ser una nación grande e influyente en la medida en que retome este proyecto. Pero en la actualidad estamos muy lejos de hacerlo, ya que llevamos décadas caminando en el sentido opuesto: España será una de las naciones más culpables en la desintegración de Occidente por haber ayudado activamente a socavar sus cimientos, pudrir sus raíces cristianas: y Occidente (la Cristiandad) dejará de existir cuando el Cristianismo sea erradicado de su sociedad.

Política social

El Socialcristianismo propugna la defensa por parte del Estado de los más desfavorecidos, utilizando para ello un sistema fiscal progresivo que permita la correcta redistribución de las rentas; pero procurando más la igualdad de oportunidades y los medios para alcanzar una nivel de vida digo que la mera  subvención. Cuando ésta sea inevitable, se exigirá del subvencionado la oportuna contraprestación social.

Respetando el principio de subsidiariedad, el Estado garantizará no solo las necesidades materiales de cada ciudadano, sino también sus necesidades culturales y espirituales. Esto se tendrá que reflejar muy especialmente en los planes de estudio, que contendrán no sólo las asignaturas informativas, sino también aquellas otras que facilitan la inclusión social de los que tengan más riesgo de exclusión. La formación humana y cultural permitirán la igualdad de oportunidades de todos.

Relaciones laborales

En cuanto a las relaciones laborales, el Socialcristianismo exige salarios y condiciones de trabajo dignas, tratando de equilibrar los derechos y deberes del empleado y el patrón. Pienso que es más importante asegurar una buena relación laboral mientras se está desempeñando el trabajo, que proteger a los trabajadores con fuertes indemnizaciones por despido. Este sistema, que es el que se sigue en España, nos ha llevado a tener siempre el doble de tasa de desempleo que los demás países occidentales. Esta equivocada protección disuade a las empresas de contratar trabajadores salvo cuando no les queda otro remedio; e incita a los empleados con más antigüedad a reducir su rendimiento, ya que tienen el puesto asegurado. Y, en cualquier caso, reduce la movilidad laboral, ya que los trabajadores no quieren renunciar a la antigüedad que les proporcionaría importantes indemnizaciones en caso de despido.
Un sistema más justo y efectivo sería retribuir el trabajo teniendo en cuenta la productividad, permitiendo a la plantilla participar en el beneficio que ha ayudado a conseguir, y completando con un sistema de pensiones o desempleo que dependiese de la vida laboral total, no de la antigüedad en una empresa concreta. De esta forma, el trabajador que no haya consumido subsidios de desempleo verá mejorada su pensión de jubilación. El mayor coste para las empresas queda paliado con la seguridad de que el coste se produce mientras el trabajador está rindiendo, sin el miedo actual a no poder reestructurar plantilla (o despedir a un trabajador vago) porque la antigüedad le supone un coste inafrontable. 
Por supuesto, las autoridades velarán para erradicar toda explotación laboral o abuso de posición dominante; y deberán vigilarán estrechamente las medidas de seguridad e higiene. 
El derecho a la huelga es importante para el trabajador, pero nunca podrá conculcar los derechos fundamentales de los demás ciudadanos o trabajadores. Por lo tanto, la huelga no podrá ejercerse de forma que se perjudiquen los derechos esenciales de los ciudadanos; en los casos en los que el establecimiento de los servicios mínimos no sea viable, el conflicto se deberá resolver mediante un procedimiento de arbitraje. Los sindicatos no podrá apoyar su acción laboral en el chantaje o intimidación de otros ciudadanos o trabajadores.
La acción sindical irresponsable será causa de la ilegalización del sindicato, paralelamente con lo que ocurre con los partidos políticos.

Eliminación de la especulación

Como ya hemos dicho, la propiedad privada debe ser el eje sobre el que gire la acción económica, ya que se ha mostrado como el mejor medio de alcanzar el progreso económico y el bien común. Pero la propiedad privada no es un bien absoluto, sino un medio para conseguir el objetivo del bien común. Por lo tanto, en el Socialcristianismo cabe la expropiación (compensada con el correspondiente justiprecio) como un sistema fiscal justo para la correcta distribución de las cargas sociales.

Esto se plasmará tanto en la posibilidad de expropiación como en un sistema fiscal justo y progresivo, basado en la capacidad económica de cada sujeto pasivo. Por supuesto, para que un sistema fiscal sea justo, debe basarse en la capacidad económica de los contribuyentes, ponderada por sus propias circunstancias. En alguna entrada posterior tendremos ocasión de revisar cómo debe ser un sistema fiscal.
Y si un bien no puede ser expropiado sin el oportuno justiprecio, paralelamente, los bienes o dominios públicos tampoco pueden adjudicarse caprichosamente sin el correspondiente precio. Por ejemplo, si se limita el número de frecuencias de radio o televisión, las que el Estado adjudique deberán ser pagadas por los adjudicatarios, para evitar que acabe en manos privadas lo que pertenece a toda la comunidad. Sin embargo, en la práctica los gobiernos suelen utilizar este tipo de prebendas para fidelizar a sus votantes más influyentes.

En consonancia con estos conceptos de propiedad privada y propiedad pública, entre los que no debe haber un tráfico sin su correspondiente compensación, el Estado socialcristiano debería tratar de erradicar de la vida económica todo tipo de especulación, entendida como la manipulación del precio de los bienes con objeto de obtener un beneficio no fundado en ningún otro hecho económico. La especulación, que se ha revelado como la principal causa de la crisis económica que padecemos desde 2008, es un cáncer para el auténtico desarrollo económico de un país, pues acaba sustituyendo la economía de la producción de bienes y servicios por la llamada economía financiera, sin base real alguna y basada en el apalancamiento: si soy capaz de elevar artificialmente el precio de algo, debo endeudarme para comprar el mayor importe posible y obtener la mayor plusvalía. Esto, que redunda en importantes beneficios, nada aporta a la economía y distrae recursos financieros para las actividades realmente productivas.
En la actualidad existen tres grandes frentes especulativos, enormemente dañinos para la economía:
La especulación financiera: ya sea con mercados de futuros o por la compraventa de divisas o bonos; ésta última puede llegar a poner en peligro la economía de una nación, como ha ocurrido recientemente con la deuda pública griega.
La especulación con materias primas: mediante el acaparamiento y restricción de venta, elevando sus precios artificialmente. Cuando se trata de materias primar alimenticias, lo que puede poner en peligro la subsistencia en los países más pobres, debería estar considerado delito de lesa humanidad. Recientemente hemos asistido a este tipo de especulación con los granso productores de biocombustibles: se destina al combustible ecológico lo que debería estar en el circuito alimentario. Occidente no tiene derecho a defender su ecología a costa d ela vida de los más desfavorecidos.
La especulación inmobiliaria, auténtico cancer social y principal fuente de corrupción política. no solamente es un mal económico, sino que atenta contra el derecho universal a la vivienda de todo hombre; y acaba afectando a la propia estructura social. Efectivamente, el encarecimiento de la vivienda lleva a la disminución de la natalidad, el retraso en la emancipación de los jóvenes y en la edad en la que se tiene el primer hijo.
Estas actividades especualtivas, en la medida en que no puedan ser evitadas, deben gravarse con fuertes impuestos, para que parte de dichos beneficios redunden en la comunidad.

Cooperativismo ciudadano

El principio de subsidiariedad de la acción del Estado nos lleva a fomentar la iniciativa privada en todo aquello que sea posible acometer directamente por los ciudadanos. Y cuando la tarea sea excesiva para un particular, hay que fomentar el asociacionismo. en concreto cuando se trate de iniciativas económicas o empresariales, se debe facilitar la formación de sociedades cooperativas, en las que la propiedad está mayoritariamente en manos del capital humano. Ya existen varios tipos de cooperativas: laborales, agrarias, de viviendas, de centros de enseñanza; pero en necesario fomentarlas más y extenderlas a todos los sectores sociales, en especial a aquéllos que están más desatendidos.

Por ejemplo, cuando una cooperativa de padres promueve un centro escolar, elige al profesorado y establece el ideario a seguir y el estilo académico a implantar, se está llevando a la práctica el derecho a la propia educación, a la libre enseñanza y a la elección del ideario; y además ésto se logra al menor coste posible.

Lo mismo puede decirse de las cooperativas de promoción de viviendas, que deberían tener acceso más fácil a la protección pública y al suelo público; cooperativas de crédito, de compras, de servicios, sanitarias, mutuas de seguros, etc...

Cuando en una empresa la propiedad y la fuerza laboral coinciden, los ajustes a los ciclos económicos son más flexibles, porque se tiene confianza en "el patrón"; se elimina toda conflictividad laboral y la práctica totalidad del beneficio redunda en remuneración al factor trabajo.

En una sociedad libre debidamente organizada, la función del Estado queda muy reducida; y se eliminan los riesgos de proteccionismo totalizante y opresivo que están aflorando en el Occidente democrático.

Los principios en la política

La acción política debe basarse en los principios de cada formación, y no en los oportunismos de las encuestas. Esto significa que cada problema concreto se afrontará a la luz de los propios principios plasmados en el programan electoral, que es lo que votan los electores; y no pensando en si cada medida nos reportará los apoyos que esperamos o si una medida impopular aunque necesaria nos restará votos. En la acción política se tiene que evitar la táctica habitual de confrontación y división del contrario; y se debe sustituir por un auténtico servicio público en busca del bien común. En su caso, se ejercerá una oposición leal, pensando más en servir a la población con nuestras ini­ciativas y críticas que en derribar al gobierno para sustituirlo.

Siempre se debe tener en cuenta que el bien común está por encima incluso del consenso: el interés por la paz política no puede llevarnos al error. Esto es porque el consenso, instrumento básico del sistema democrático, no puede establecer los principios éticos, sino que debe limitarse a encontrar la mejor manera de aplicarlos; estos principios no se votan, sino que se reconocen por todos los ciudadanos de bien, porque existen por encima de la voluntad popular y son el marco que pone los límites a la acción política, habitualmente recogido en la Constitución de cada país.

Estos límites nos prohiben -incluso desde el punto de vista de los votantes-,  optar por un mal menor, cuando es posible elegir un bien -aunque sea éste pequeño y remoto- o incluso se puede eludir la acción.

La elección de centro de enseñanza

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de pronunciar una sentencia de mucha trascendencia para los derechos humanos en España. Ha dictaminado que el derecho que asiste a los padres para elegir el centro educativo de sus hijos está por encima de los límites de alumnos impuestos administrativamente.

Se trata de una familia de tres hijos, a la que habían admitido sólo al pequeño en el Centro que ellos habían elegido, alegando que los dos mayores no podían entrar porque entonces se superaría el número máximo de alumnos en sus clases.

Esta sentencia tiene una doble afirmación de derechos:

• Los padres eligen el Centro educativo según el ideario en el que quieran educar a sus hijos. Este derecho, que está reconocido por la declaración universal de derechos humanos de la ONU y por la Constitución Española (artículo 27.3), no siempre es respetado por la Administración española.
• Es un derecho preferente sobre el de calidad de la enseñanza; y es obligación de la Administración facilitar las plazas para que pueda ser ejercido por los padres.

Esperemos que sentencias como esta sirvan para hacer realidad los derecho teóricos.

Prioridad del bien común

La ideología socialista sostiene que es el Estado el que debe determinar e imponer el bien común de los ciudadanos; y frecuentemente acaba imponiendo el bien particular de los dirigentes (esto también ocurre en sistemas democráticos no socialistas; pero con alternancia del poder).

Para evitar esa opresión, la ideología liberal afirma que si cada uno busca su interés particular, todos acabarán alcanzando su bien; y en consecuencia, se logrará el mayor bien común posible. Nada más lejos de la realidad: si cada uno busca su interés, lograrán el bien los más preparados, los más poderosos o los que tengan menos escrúpulos, en detrimento de los ciudadanos corrientes, que quedarán a merced de aquéllos.

La Concepción Social Cristiana, en la que se basa el Socialcristianismo, propone que el bien común se alcance con la colaboración de todos, basándose en la generosidad y la caridad cristiana; y el Estado promoviendo estas actitudes y actuando subsidiariamente para cubrir aquellas parcelas que no puedan ser cubiertas por los ciudadanos.

Efectivamente, si los ciudadanos aplicamos nuestro esfuerzo -incluso con renuncia personal- al progreso de la Comunidad, se acabará alcanzando un mayor bienestar que, a la postre, redundará en beneficio de todos. Unos pocos ejemplos nos mostrarán las actitudes que deben ser fomentadas desde el poder público:

·        El empresario podría renunciar a parte de sus beneficios manteniendo puestos de trabajo que ya no le son rentables.

·        El trabajador podría renunciar a parte de su sueldo o jornada laboral, para que más trabajadores puedan disfrutar de un puesto de trabajo.

·        Los sindicatos deberían renunciar a parte de las reivindicaciones de los actuales trabajadores, para promover incrementos de plantilla.

·        Las entidades financieras deberán renunciar a parte de su seguridad crediticia, para reactivar el mercado y así volver a situaciones en las que se mantienen niveles de morosidad bajos.

·        El Estado deberá renunciar a su presión recaudadora, siempre que ésto promueva un tejido económico mayor y más fuerte.

·        Los ciudadanos deberán renunciar a parte de sus subsidios, para que el Estado pueda retomar la senda del equilibrio presupuestario y la inversión pública.

Sí, ya sé que suena idílico; pero es el único camino para salir de una crisis.

Derecho a la educación

En ningún país occidental se pondrá en tela de juicio el derecho a la educación; pero en muchos de ellos su aplicación concreta es incluso contraria a la letra y el espíritu de la norma.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,

en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación

que habrá de darse a sus hijos.

Si tenemos en cuenta que la educación debe buscar el pleno desarrollo de la personalidad humana, vemos lo distinta que es de la educación técnica y utilitarista que se imparte a nuestros hijos. Y cuando se intenta educar también su personalidad vemos que con frecuencia se trata de adoctrinarles en la ideología del gobierno de turno, tratando de sacar un provecho electoral en vez de buscar la formación integral de los jóvenes. Esto ocurre especialmente en los centros públicos, ya que en los privados los padres han podido elegir el ideario del centro, aunque sea a un alto coste económico.

Todo esto ocurre porque se vulnera sistemáticamente el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, ya sea imponiendo el ideario de los centros públicos o imponiendo asignaturas adoctrinantes en los privados.

Para garantizar el derecho de los padres, el Socialcristianismo propugna la libre elección de centro (facilitada económicamente con la subvención universal de todas las plazas escolares en los niveles de educación obligatoria) y la determinación del ideario por las asociaciones de padres, permitiendo en todo caso la objeción de conciencia tanto de los alumnos como de sus padres. Es Estado ejercerá la función educadora subsidiariamente, promoviendo las cooperativas de padres y los centros privados.

La rebelión política

Estamos asistiendo a la rebelión de los países islámicos contra los regímenes totalizantes que les oprimen: ya es hora de que los demócratas de verdad, los que creemos en la voluntad popular, la libertad ciudadana, la iniciativa privada, los valores y los ideales, nos revolvamos contra esta casta política infame que nos oprime desde el Estado totalizante y tiene secuestrada la Democracia.
Pero nuestra rebelión no será violenta, sino electoral, que es como se manifiesta la voluntad popular. Tampoco se puede limitar a la abstención o el voto en blanco, ya que a los cuatro partidos que tienen secuestrada la Democracia les da igual el porcentaje de participación o el número de votos: ellos se van a repartir todos los escaños, concejalías, cargos y prebendas, aunque sólo un 10% de la población acuda a las urnas.
Nuestra revolución tiene que consistir en dar entrada a nuevos partidos; en definitiva, en votar a partidos que no han tenido representación hasta ahora. POR UNA VEZ SIQUIERA, QUE CADA UNO VOTE LO QUE REALMENTE LE APETEZCA, sin votos útiles ni miedos; porque la única utilidad del voto es pronunciar nuestra voluntad, hacer nuestra elección.
Este es el peor castigo que podemos infligir a nuestros políticos: romper su monopolio, que vean cómo se les acaba el chollo.
¿Que con muchos partidos en el Congreso no se puede gobernar? Mentira. Lo que no se puede es mangonear ni comprar el voto de la minoría bisagra, cuando tienes que convencer a muchas minorías; y tampoco se puede imponer la disciplina de partido, cuando varias formaciones parlamentarias tratan de seguir sus ideales y sus programas.
En las próximas elecciones infórmate y encuentra el partido que más se adapta a tus valores e ideales; y vótale sin miedo, porque entonces el miedo lo tendrán nuestros políticos apoltronados

La democracia como derecho

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la democracia es un derecho de todo pueblo, no sólo una aspiración loable. Los socialcristianos sólo tenemos que añadir que esa Democracia no puede ser una mera fachada, sino que el juego político tiene que permitir de hecho que los ciudadanos participen en el gobierno de su país.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto.

Para que este derecho teórico se plasme en una auténtica primacía de la voluntad popular (y no en una pantomima interpretada por políticos con poco talante democrático, que la acaban convirtiendo en una partitocracia opresiva), será necesario que se den los requisitos que hemos expuesto en otras entradas etiquetadas como Democracia: que los partidos, los ciudadanos y las instituciones sean auténticamente democráticos y que todos ellos traten de dirigir su voluntad a la obtención del bien común, no de sus intereses partidistas.

Los derechos económicos

La declaración Universal recoge una serie de derechos económicos, laborales y sociales que posibilitan un nivel de vida acorde con la dignidad humana. 
En definitiva, lo que se pretende con los artículos que transcribo más abajo es que toda persona pueda desarrollar una vida acorde con su dignidad, para lo cual será imprescindible:
Que cuente con un trabajo cuya remuneración le permita mantener dignamente su familia; y si ésta fuese numerosa, deberá contar con las ayudas complementarias precisas: a quien nos proporciona los futuros ciudadanos hay que ayudarle en esta tarea. Por esto, desde el Socialcristianismo exigimos un salario mínimo realmente digno y ayudas adicionales suficientes para las familias numerosas.
Los desempleados que realmente no encuentren un puesto de trabajo, deberán contar con las ayudas necesarias para continuar con un nivel de vida digno, especialmente si tienen responsabilidades familiares. Pero esto no se puede convertir en un subsidio permanente ni un refugio de vagos: mientras se encuentren en esta situación, deberán atender cursos de capacitación profesional o prestar servicios sociales.
La acción sindical será voluntaria y proporcional a la reivindicación laboral planteada. En todo caso se respetará el derecho al trabajo de todos y el derecho a los servicios públicos de los demás ciudadanos. La presión sindical se ejercerá contra el empresario y la empresa, nunca contra otros ciudadanos.
Por supuesto es necesario contar con una vivienda igualmente digna, para lo que es imprescindible que su precio de compra o alquiler esté de acuerdo con el nivel medio de salarios. Los socialcristianos reprobamos la especulación inmobiliaria, como uno de los mayores ataques a la comunidad. Si el derecho de edificabilidad se lo reserva el Estado, no se podrá privatizar en beneficio de algunos, sino que deberá revertir en beneficio de la Comunidad, muy especialmente en la reducción del coste del suelo urbanizable.  
La maternidad estará especialmente protegida, con las ayudas económicas, laborales y sociales que sean precisas, de forma que toda madre pueda afrontar con confianza su embarazo.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
 y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.

El Estado déspota y totalizante

Desde que se generalizó la democracia en Occidente, el Estado no ha dejado de crecer y de ir alargando sus tentáculos hasta los rincones más íntimos de la ciudadanía. Últimamente, la excusa utilizada para esta extensión del control es la necesidad de garantizar la seguridad de todos, en todos los campos que se pueda uno imaginar: desde la seguridad personal, sanitaria, alimentaria, en los transportes, estabilidad económica etc. Se ha llegado incluso al paroxismo desde que el terrorismo islámico ha perpetrado ataques impresionantes en Occidente. Y este miedo que se nos ha metido en el cuerpo nos ha despojado del espíritu de crítica que nos permitiese defendernos de las constantes intrusiones de Estado en campos que le deberían estar vetados.
EL último acto de despotismo en España ha sido la reducción de la velocidad máxima en las autovías, con el objetivo de reducir el gasto de los particulares en combustible. El miedo a la crisis le ha permitido al gobierno perpetrar este nuevo acto de tiranía, cuando la realidad es que quien tienen que reducir el gasto es el Estado, no los particulares.
Quizá tendríamos que empezar por el principio para explicar bien la profundidad del problema. El Estado nace como una necesidad de atender aquellas cuestiones públicas que afectan a la colectividad. es un Organismo a nuestro servicio administrado por el gobierno de turno. Esta característica es lo que le diferencia del Antiguo Régimen, en el que el monarca era considerado propietario del país y del pueblo y, por lo tanto, juez y dueño de vidas y haciendas. En muchos casos, este poder absoluto estaba limitado por la Ley Divina, a la que todos se consideraban sometidos.
En la actualidad, los ciudadanos han ido delegando cada vez más funciones en el Estado, con objeto de que cada uno de sus problemas sea resuelto por la colectividad; y el Estado ha ido adquiriendo, por delegación, cada vez más y más poder. Hasta que se ha llegado a un punto en el que se ha convertido en dueño de sus ciudadanos, con derecho a imponerles cualquier cosa que sea considerada beneficiosa para el pueblo o que le preservará de algún peligro. Esto se llamó siempre despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo; y los auténticos demócratas lo consideraban deplorable. Pero estos nuevos déspotas se han sacudido incluso el límite que la Ley Divina imponía a los antiguo monarcas absolutos: han difundido el laicismo y eliminado cualquier norma superior a la que deban someterse. Es despotismo actual en Occidente puede proponer e imponer cualquier medida, por aberrante y opresiva que resulte al ciudadano.
Solo necesitarán acudir al razonamiento de que es conveniente para el país o su seguridad. Por ejemplo, en España, en los últimos años se han visto constreñidas muchas libertades ciudadanas cotidianas: tabaco, circulación, educación de los hijos, elección del idioma, libre comercio, etc... Y mientras tanto se conceden otras libertades consideradas neutras para la colectividad, como son el derecho a matar niños, difundir pornografía y zafiedad, romper la familia o decidir el propio sexo.
Se ha pasado de la soberanía popular a la sumisión al Estado; pero como este cambio se ha disfrazado de juego democrático, ni siquiera tenemos la posibilidad de oponernos.
Toda acción democrática de futuro pasa por la reducción drástica del tamaño de los estados modernos.

Libertad de pensamiento, conciencia y religión.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge una serie de libertades civiles que -por desgracia- están conculcadas en muchos países; e incluso en Occidente, no siempre se aplican correctamente por naciones que se consideran liberales y tolerantes:

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Lo que ocurre es que, en muchos países occidentales, la tolernacia fatalmente entendida (vease La tiránica Tolerancia, entre los enemigos de la Democracia) les lleva a pensar que la libertad de credo queda reducida al fuero interno de la persona, cuando el derecho humano no se limita a garantizar la creencia o pensamiento (¿Cómo podría prohibirse pensar?), sino al derecho a manifestar personal y colectivamente esas creencias. Y es curioso que más que sobre el respeto mutuo (que es importante), la Declaración de Derechos pone el énfasis en la libertad de expresión y difusión de creencias y opiniones. Por lo tanto, desde el Socialcristianismo se defenderá el derecho de una colectividad a manifestar sus creencias, por encima del derecho a no sentirse ofendido de aquél que no las comparta y acceda a dicha colectividad.
Es decir, los símbolos religiosos que se exhiben en establecimientos confesionales deben respetarse, aunque algunos de los que allí accedan no los compartan. Y las costumbres populares también, aunque no sean del agrado de las minorías que -conociendo la diversidad de cultura- han accedido a incorporarse a una sociedad. 
Por supuesto, la libertad de expresión no puede amparar la ofensa gratuita de las creencias o ideas ajenas: se puede discrepar y manifestar la discrepancia; pero no ridiculizar, insultar o blasfemar contra la fe de los demás.

La propiedad privada

La propiedad privada se ha revelado como el mejor medio para que tanto las personas como los pueblos prosperen; y vienen recogida como uno de los derechos humanos:

Artículo 17:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

 La concepción social cristiana admite la propiedad privada como figura natural en la que descansa la estructura económica más eficiente. Pero no como un derecho absoluto de cada hombre, sino como el mejor método para alcanzar el bien común. Como nos recordaba Juan Pablo II, toda propiedad tiene una hipoteca social: es exclusivamente mía mientras un conciudadano no la necesite para garantizarse un nivel de vida digno.

Por lo tanto, el Socialcristianismo propugnará un Estado que respete la propiedad privada, protegiéndola de los depredadores y compensando adecuadamente cuando alguien deba ser expropiado en beneficio de la Comunidad. Pero este respeto de la propiedad privada deberá simultanearse con un sistema impositivo que redistribuya la riqueza, logrando que los más desfavorecidos alcancen un nivel de vida digno.

Por el mismo motivo, tampoco podrán privatizarse los bienes o dominios públicos sin que los beneficiarios compensen a la Comunidad: la adjudicación arbitraria de concesiones, frecuencias radiofónicas, ondas televisivas o la recalificación de terrenos -frecuentemente en favor de la propia clientela política- constituye un injustificable expolio de la propiedad pública.

El Derecho a la vida

Es cierto que en la mayor parte de Occidente se ha abolido la pena de muerte, ya que es un medio desproporcionado de legítima defensa en Estados que cuentan con otros muchos medios de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Tasmbién es cierto que cada vez se valora más la vida de los ciudadanos y se destinan medios médicos enormes para mantener dicha vida.
Pero, simultáneamente, se está extendiendo una ideología de la muerte que aboga por la eliminación de todas aquellas vidas que dichos ideólogos consideran inútiles.
De esta forma, el derecho a la vida se elude con respecto a aquellós que dependen de otros para mantenerse en la existencia: desde el nasciturus, hasta el anciano o el discapacitado. Parecería que la dignidad de la vida dependiese de su calidad de vida; y que ésta calidad se midiese en grados de utilidad social y placer propio. Esta concepción utilitarista de la vida humana en diametralmente opuesta al concepto de dignidad intrínseca que proclama la Declaración de Derechos Humanos en su artículo tercero:

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Por lo tanto, proponemos una legislación que proteja la vida humana, cualesquiera que sean sus circunstancias, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural; rechazando expresamente el aborto, el suicidio, la eutanasia y la pena de muerte.