Derecho a la educación

En ningún país occidental se pondrá en tela de juicio el derecho a la educación; pero en muchos de ellos su aplicación concreta es incluso contraria a la letra y el espíritu de la norma.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,

en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación

que habrá de darse a sus hijos.

Si tenemos en cuenta que la educación debe buscar el pleno desarrollo de la personalidad humana, vemos lo distinta que es de la educación técnica y utilitarista que se imparte a nuestros hijos. Y cuando se intenta educar también su personalidad vemos que con frecuencia se trata de adoctrinarles en la ideología del gobierno de turno, tratando de sacar un provecho electoral en vez de buscar la formación integral de los jóvenes. Esto ocurre especialmente en los centros públicos, ya que en los privados los padres han podido elegir el ideario del centro, aunque sea a un alto coste económico.

Todo esto ocurre porque se vulnera sistemáticamente el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, ya sea imponiendo el ideario de los centros públicos o imponiendo asignaturas adoctrinantes en los privados.

Para garantizar el derecho de los padres, el Socialcristianismo propugna la libre elección de centro (facilitada económicamente con la subvención universal de todas las plazas escolares en los niveles de educación obligatoria) y la determinación del ideario por las asociaciones de padres, permitiendo en todo caso la objeción de conciencia tanto de los alumnos como de sus padres. Es Estado ejercerá la función educadora subsidiariamente, promoviendo las cooperativas de padres y los centros privados.

La rebelión política

Estamos asistiendo a la rebelión de los países islámicos contra los regímenes totalizantes que les oprimen: ya es hora de que los demócratas de verdad, los que creemos en la voluntad popular, la libertad ciudadana, la iniciativa privada, los valores y los ideales, nos revolvamos contra esta casta política infame que nos oprime desde el Estado totalizante y tiene secuestrada la Democracia.
Pero nuestra rebelión no será violenta, sino electoral, que es como se manifiesta la voluntad popular. Tampoco se puede limitar a la abstención o el voto en blanco, ya que a los cuatro partidos que tienen secuestrada la Democracia les da igual el porcentaje de participación o el número de votos: ellos se van a repartir todos los escaños, concejalías, cargos y prebendas, aunque sólo un 10% de la población acuda a las urnas.
Nuestra revolución tiene que consistir en dar entrada a nuevos partidos; en definitiva, en votar a partidos que no han tenido representación hasta ahora. POR UNA VEZ SIQUIERA, QUE CADA UNO VOTE LO QUE REALMENTE LE APETEZCA, sin votos útiles ni miedos; porque la única utilidad del voto es pronunciar nuestra voluntad, hacer nuestra elección.
Este es el peor castigo que podemos infligir a nuestros políticos: romper su monopolio, que vean cómo se les acaba el chollo.
¿Que con muchos partidos en el Congreso no se puede gobernar? Mentira. Lo que no se puede es mangonear ni comprar el voto de la minoría bisagra, cuando tienes que convencer a muchas minorías; y tampoco se puede imponer la disciplina de partido, cuando varias formaciones parlamentarias tratan de seguir sus ideales y sus programas.
En las próximas elecciones infórmate y encuentra el partido que más se adapta a tus valores e ideales; y vótale sin miedo, porque entonces el miedo lo tendrán nuestros políticos apoltronados

La democracia como derecho

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la democracia es un derecho de todo pueblo, no sólo una aspiración loable. Los socialcristianos sólo tenemos que añadir que esa Democracia no puede ser una mera fachada, sino que el juego político tiene que permitir de hecho que los ciudadanos participen en el gobierno de su país.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto.

Para que este derecho teórico se plasme en una auténtica primacía de la voluntad popular (y no en una pantomima interpretada por políticos con poco talante democrático, que la acaban convirtiendo en una partitocracia opresiva), será necesario que se den los requisitos que hemos expuesto en otras entradas etiquetadas como Democracia: que los partidos, los ciudadanos y las instituciones sean auténticamente democráticos y que todos ellos traten de dirigir su voluntad a la obtención del bien común, no de sus intereses partidistas.

Los derechos económicos

La declaración Universal recoge una serie de derechos económicos, laborales y sociales que posibilitan un nivel de vida acorde con la dignidad humana. 
En definitiva, lo que se pretende con los artículos que transcribo más abajo es que toda persona pueda desarrollar una vida acorde con su dignidad, para lo cual será imprescindible:
Que cuente con un trabajo cuya remuneración le permita mantener dignamente su familia; y si ésta fuese numerosa, deberá contar con las ayudas complementarias precisas: a quien nos proporciona los futuros ciudadanos hay que ayudarle en esta tarea. Por esto, desde el Socialcristianismo exigimos un salario mínimo realmente digno y ayudas adicionales suficientes para las familias numerosas.
Los desempleados que realmente no encuentren un puesto de trabajo, deberán contar con las ayudas necesarias para continuar con un nivel de vida digno, especialmente si tienen responsabilidades familiares. Pero esto no se puede convertir en un subsidio permanente ni un refugio de vagos: mientras se encuentren en esta situación, deberán atender cursos de capacitación profesional o prestar servicios sociales.
La acción sindical será voluntaria y proporcional a la reivindicación laboral planteada. En todo caso se respetará el derecho al trabajo de todos y el derecho a los servicios públicos de los demás ciudadanos. La presión sindical se ejercerá contra el empresario y la empresa, nunca contra otros ciudadanos.
Por supuesto es necesario contar con una vivienda igualmente digna, para lo que es imprescindible que su precio de compra o alquiler esté de acuerdo con el nivel medio de salarios. Los socialcristianos reprobamos la especulación inmobiliaria, como uno de los mayores ataques a la comunidad. Si el derecho de edificabilidad se lo reserva el Estado, no se podrá privatizar en beneficio de algunos, sino que deberá revertir en beneficio de la Comunidad, muy especialmente en la reducción del coste del suelo urbanizable.  
La maternidad estará especialmente protegida, con las ayudas económicas, laborales y sociales que sean precisas, de forma que toda madre pueda afrontar con confianza su embarazo.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
 y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.

El Estado déspota y totalizante

Desde que se generalizó la democracia en Occidente, el Estado no ha dejado de crecer y de ir alargando sus tentáculos hasta los rincones más íntimos de la ciudadanía. Últimamente, la excusa utilizada para esta extensión del control es la necesidad de garantizar la seguridad de todos, en todos los campos que se pueda uno imaginar: desde la seguridad personal, sanitaria, alimentaria, en los transportes, estabilidad económica etc. Se ha llegado incluso al paroxismo desde que el terrorismo islámico ha perpetrado ataques impresionantes en Occidente. Y este miedo que se nos ha metido en el cuerpo nos ha despojado del espíritu de crítica que nos permitiese defendernos de las constantes intrusiones de Estado en campos que le deberían estar vetados.
EL último acto de despotismo en España ha sido la reducción de la velocidad máxima en las autovías, con el objetivo de reducir el gasto de los particulares en combustible. El miedo a la crisis le ha permitido al gobierno perpetrar este nuevo acto de tiranía, cuando la realidad es que quien tienen que reducir el gasto es el Estado, no los particulares.
Quizá tendríamos que empezar por el principio para explicar bien la profundidad del problema. El Estado nace como una necesidad de atender aquellas cuestiones públicas que afectan a la colectividad. es un Organismo a nuestro servicio administrado por el gobierno de turno. Esta característica es lo que le diferencia del Antiguo Régimen, en el que el monarca era considerado propietario del país y del pueblo y, por lo tanto, juez y dueño de vidas y haciendas. En muchos casos, este poder absoluto estaba limitado por la Ley Divina, a la que todos se consideraban sometidos.
En la actualidad, los ciudadanos han ido delegando cada vez más funciones en el Estado, con objeto de que cada uno de sus problemas sea resuelto por la colectividad; y el Estado ha ido adquiriendo, por delegación, cada vez más y más poder. Hasta que se ha llegado a un punto en el que se ha convertido en dueño de sus ciudadanos, con derecho a imponerles cualquier cosa que sea considerada beneficiosa para el pueblo o que le preservará de algún peligro. Esto se llamó siempre despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo; y los auténticos demócratas lo consideraban deplorable. Pero estos nuevos déspotas se han sacudido incluso el límite que la Ley Divina imponía a los antiguo monarcas absolutos: han difundido el laicismo y eliminado cualquier norma superior a la que deban someterse. Es despotismo actual en Occidente puede proponer e imponer cualquier medida, por aberrante y opresiva que resulte al ciudadano.
Solo necesitarán acudir al razonamiento de que es conveniente para el país o su seguridad. Por ejemplo, en España, en los últimos años se han visto constreñidas muchas libertades ciudadanas cotidianas: tabaco, circulación, educación de los hijos, elección del idioma, libre comercio, etc... Y mientras tanto se conceden otras libertades consideradas neutras para la colectividad, como son el derecho a matar niños, difundir pornografía y zafiedad, romper la familia o decidir el propio sexo.
Se ha pasado de la soberanía popular a la sumisión al Estado; pero como este cambio se ha disfrazado de juego democrático, ni siquiera tenemos la posibilidad de oponernos.
Toda acción democrática de futuro pasa por la reducción drástica del tamaño de los estados modernos.

Libertad de pensamiento, conciencia y religión.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge una serie de libertades civiles que -por desgracia- están conculcadas en muchos países; e incluso en Occidente, no siempre se aplican correctamente por naciones que se consideran liberales y tolerantes:

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Lo que ocurre es que, en muchos países occidentales, la tolernacia fatalmente entendida (vease La tiránica Tolerancia, entre los enemigos de la Democracia) les lleva a pensar que la libertad de credo queda reducida al fuero interno de la persona, cuando el derecho humano no se limita a garantizar la creencia o pensamiento (¿Cómo podría prohibirse pensar?), sino al derecho a manifestar personal y colectivamente esas creencias. Y es curioso que más que sobre el respeto mutuo (que es importante), la Declaración de Derechos pone el énfasis en la libertad de expresión y difusión de creencias y opiniones. Por lo tanto, desde el Socialcristianismo se defenderá el derecho de una colectividad a manifestar sus creencias, por encima del derecho a no sentirse ofendido de aquél que no las comparta y acceda a dicha colectividad.
Es decir, los símbolos religiosos que se exhiben en establecimientos confesionales deben respetarse, aunque algunos de los que allí accedan no los compartan. Y las costumbres populares también, aunque no sean del agrado de las minorías que -conociendo la diversidad de cultura- han accedido a incorporarse a una sociedad. 
Por supuesto, la libertad de expresión no puede amparar la ofensa gratuita de las creencias o ideas ajenas: se puede discrepar y manifestar la discrepancia; pero no ridiculizar, insultar o blasfemar contra la fe de los demás.

La propiedad privada

La propiedad privada se ha revelado como el mejor medio para que tanto las personas como los pueblos prosperen; y vienen recogida como uno de los derechos humanos:

Artículo 17:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

 La concepción social cristiana admite la propiedad privada como figura natural en la que descansa la estructura económica más eficiente. Pero no como un derecho absoluto de cada hombre, sino como el mejor método para alcanzar el bien común. Como nos recordaba Juan Pablo II, toda propiedad tiene una hipoteca social: es exclusivamente mía mientras un conciudadano no la necesite para garantizarse un nivel de vida digno.

Por lo tanto, el Socialcristianismo propugnará un Estado que respete la propiedad privada, protegiéndola de los depredadores y compensando adecuadamente cuando alguien deba ser expropiado en beneficio de la Comunidad. Pero este respeto de la propiedad privada deberá simultanearse con un sistema impositivo que redistribuya la riqueza, logrando que los más desfavorecidos alcancen un nivel de vida digno.

Por el mismo motivo, tampoco podrán privatizarse los bienes o dominios públicos sin que los beneficiarios compensen a la Comunidad: la adjudicación arbitraria de concesiones, frecuencias radiofónicas, ondas televisivas o la recalificación de terrenos -frecuentemente en favor de la propia clientela política- constituye un injustificable expolio de la propiedad pública.

El Derecho a la vida

Es cierto que en la mayor parte de Occidente se ha abolido la pena de muerte, ya que es un medio desproporcionado de legítima defensa en Estados que cuentan con otros muchos medios de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Tasmbién es cierto que cada vez se valora más la vida de los ciudadanos y se destinan medios médicos enormes para mantener dicha vida.
Pero, simultáneamente, se está extendiendo una ideología de la muerte que aboga por la eliminación de todas aquellas vidas que dichos ideólogos consideran inútiles.
De esta forma, el derecho a la vida se elude con respecto a aquellós que dependen de otros para mantenerse en la existencia: desde el nasciturus, hasta el anciano o el discapacitado. Parecería que la dignidad de la vida dependiese de su calidad de vida; y que ésta calidad se midiese en grados de utilidad social y placer propio. Esta concepción utilitarista de la vida humana en diametralmente opuesta al concepto de dignidad intrínseca que proclama la Declaración de Derechos Humanos en su artículo tercero:

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Por lo tanto, proponemos una legislación que proteja la vida humana, cualesquiera que sean sus circunstancias, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural; rechazando expresamente el aborto, el suicidio, la eutanasia y la pena de muerte.

La Familia

El artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos se dedica a la protección del matrimonio y la familia:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En algunos de los países occidentales se está poniendo en tela de juicio el hecho de que la familia constituya la célula social básica; y que ésta esté fundada por un matrimonio entre hombre y mujer(1).

El Socialcristianismo propone que los poderes públicos respeten y protejan a la familia natural y promuevan la estabilidad del matrimonio, distinguiéndolo legalmente de cualquier otra forma de convivencia. La legislación civil deberá proteger a ambos miembros del matrimonio, impidiendo la rotura del vínculo matrimonial sin mutuo acuerdo; y proscribiendo el adulterio, como atentado a la dignidad del cónyuge.

(1) En España, recientemente se ha afirmado por un miembro del gobierno que "no hay más célula social que el individuo", lo que además de una barbaridad sociológica, es un fragrante atentado contra los Derechos Humanos y la propia Constitución Española.

Las revueltas islámicas

Los recientes sucesos en varios países islámicos me han hecho formularme algunas preguntas, cuya respuesta me servirá para adoptar una postura al respecto. 

¿Qué está pasando en el norte de África?

Creo que la respuesta inicial es evidente: varios pueblos sometidos por autócratas y condenados a la penuria tratan de cambiar el régimen vigente para conseguir una sociedad mejor. La Historia está plagada de ejemplos de pueblos que no aguantan más.

¿Es esto lícito?

Por supuesto. Todo ciudadano tiene derecho a participar en el procedimiento de elección de sus gobernantes. Ningún gobernante tiene ningún derecho a permanecer en el poder ni un minuto más de lo que el pueblo quiera; ni siquiera en el caso de que hubiese sido legítimamente elegido: la soberanía popular le permite cambiar de opinión en cualquier momento. Por esto, en los países democráticos existen las mociones parlamentarias de confianza o de censura, para validar en cualquier circunstancia la voluntad popular.

Pero, ¿cómo saber lo que quiere el pueblo?; porque hemos visto ciudadanos que defienden a esos gobernantes.

Cuando un dictador lleva en el poder varias décadas, no basta con la sospecha de que es aceptado por su pueblo, debe revalidar esa aceptación periódicamente; y si una gran parte de ese pueblo manifiesta clara y rotundamente su disconformidad, entonces debe convocar al pueblo para que opine, a la mayor brevedad posible. Aferrarse al poder y reprimir las protestas con violencia es un acto de lesa humanidad, que en ningún caso puede admitirse.

El cambio que están provocando, ¿será positivo?

Por desgracia, la Historia nos muestra que de una Revolución sólo salen males mayores, al menos durante un tiempo; pero en muchos casos, a la larga, esa Revolución acaba sedimentando y estableciendo reglas sociales más justas. Si accede al poder un grupo fanático que desprecie la opinión de las minorías, la situación será peor que la que se vive con un dictador que ha logrado imponer cierta paz social. Si se establece una coalición de consenso que facilite un gobierno provisional (o una Junta Militar que no se eternice ni aproveche para abusar), muy probablemente estas sociedades prosperen rápidamente y en paz. Por ejemplo, en la transición española se pasó de la dictadura a la democracia sin violencia alguna; pero la Revolución Francesa tuvo que pasar por la época del terror y la dictadura de Napoleón, antes de que los logros teóricos de Libertad, Igualdad y Fraternidad se hiciesen una realidad para todos los ciudadanos. En las actuales circunstancias, me permito sospechar de los pueblos islámicos que muestran ansias de democracia, pero se niegan a admitir la libertad religiosa: corren serio riesgo de acabar como Irán.

La posibilidad de que el cambio sea a peor, ¿deslegitima la revolución?

A mi entender, es el propio pueblo el que debe ponderar los riesgos y decidir si le compensa alzarse o mejor seguir sometido y en paz. Todo dependerá de las condiciones de partida y de las expectativas finales; y de la ideología de los grupos que promuevan el cambio. Por ejemplo, muchos comunistas añoran la época del Soviet en Rusia, ya que tenían menos derechos y menos libertad, pero la torpe economía estatal les garantizaba pan y trabajo. Por otra parte, los afganos se pusieron en manos de los fieros y fanáticos talibanes, para que les liberasen de la ocupación soviética, y el resultado fue mucho peor.

¿Cómo puede asegurarse un pueblo que los gobernantes nuevos serán mejores?

Pues, sencillamente, manteniendo ese espíritu revolucionario que les hizo alzarse la primera vez; aunque esto les lleve frecuentemente a jugarse la vida. Por ejemplo, Fidel Castro en Cuba, hace 52 años, hizo una revolución para mejorar las penosas condiciones de su pueblo; y este mismo pueblo lleva 52 años sin atreverse a sacudirse el yugo de Fidel.

La verdad es que vistas las respuestas anteriores se entiende por qué tantos pueblos han estado sometidos tanto tiempo: mientras la miseria no sea acuciante, prefieren la paz (aunque sea la de la mordaza) a una hipotética libertad plagada de peligros; y este miedo lo saben explotar muy bien los lobos que les gobiernan. En el fondo es el eterno dilema entre la dignidad personal y la seguridad. Por eso, los gobernantes que quieren manejar a un pueblo -dentro o fuera de sistemas democráticos- se empeñan en rebajar la dignidad de la persona y aumentar sus miedos. ¡Y esto también ocurre en Occidente!

Los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; y recoge en sus 30 artículos los derechos que se desprenden de la dignidad intrínseca de cada ser humano. Por supuesto, casi nadie se ha atrevido a refutarlos en teoría; pero en la práctica se violan fragrantemente o se eluden con diversas excusas;... y esto ocurre con frecuencia en muchos de los países que los han ratificado. 
En los dos primeros artículos, se reafirma la libertad e igualdad de todos los hombres, con independencia de su "raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
Por lo tanto, el Socialcristianismo deberá oponerse a cualquier tipo de discriminación de las que frecuentemente se producen en nuestros países con respecto a los inmigrantes, discriminación por el idioma en muchas regiones (por ejemplo, algunas Comunidades Autónomas españolas), discriminación legal contra el varón en legislaciones feministas, relegación social y profesional de aquellos que manifiestan públicamente un credo.

Propuestas socialcristianas

Las propuestas socialcristianas deben ser expresión del cristianismo social; es decir, buscarán en la concepción social cristiana las soluciones a los problemas y el mejor modo de lograr el progreso social. Por lo tanto, pueden ser apoyadas por quienes no compartan la fe cristiana, pero acepten los principios que en otras entradas hemos comentado. De hecho, la sociedad occidental descansa sobre las bases establecidas por el cristianismo durante muchos siglos, incluso cuando los políticos y el público lo ignoren o no quieran reconocerlo. Por ejemplo, la dignidad de la mujer, la protección del débil y la búsqueda de la paz, son netamente cristianos; y si alguien lo pone en duda, que compare el arraigo que estos logros tienen en nuestra civilización occidental de raíces cristianas con el de otras civilizaciones no cristianas (el papel de la mujer en Japón, China, los países islámicos o el África poligámica). Por supuesto, la sociedad cristiana también es una sociedad humana no exenta de errores, tanto durante su historia como en este momento.

Pero, desde hace unas décadas, se observan diversos movimientos ideológicos dispuestos a dinamitar todo este poso social cristiano que ha llevado a occidente a ser la civilización modelo para todas las demás. No tanto en sus raíces y logros, como en el empeño de que se desconozca que éstos son netamente cristianos. Y en ocasiones, en su afán de anular la moral cristiana, promueven actitudes que son manifiestamente antisociales.

Por esto, vamos a proponer con valentía medidas políticas y sociales, manifestando su profunda raíz cristiana y su validez para la sociedad actual; y quizá más necesarias que nunca. Empezaremos por proponer el fortalecimiento de los Derechos Humanos, como base ineludible que debe guiar toda acción política; pero que en la práctica, incluso en nuestro querido Occidente, se violan con mucha más frecuencia de lo que nos podría parecer.

Merece la pena dedicar unas cuantas entradas a revisarlos con cierto detenimiento. 

Eliminación de toda corrupción

El político es un servidor público que, a cambio de su trabajo, recibe su salario. Si se considera que el salario establecido es bajo con respecto al que reciben personas con responsabilidades similares en el sector privado, entonces habrá que estudiar el caso y revisarlo en la medida en que se considere oportuno, teniendo en cuenta también otro tipo de ayudas para gastos que reciben los cargos públicos. En general, los servidores públicos cuentan con un reconocimiento social que tras su cargo   les permite reinsertarse en el sector privado en condiciones muy ventajosas, lo que también habrá que tener en cuenta como "otro beneficio social" recibido a cambio de su dedicación. Lo que en ningún caso puede consentirse es que determinados servidores públicos -políticos o no- "complementen" sus retribuciones con comisiones o -por qué no llamarlo por su nombre- sobornos.

El Socialcristianismo debe luchar contra todo tipo de corrupción, ya sea en el ámbito político o el administrativo, no consintiéndola ni en sus más mínimas expresiones. Se deberá hacer un esfuerzo de formación e información del ciudadano para erradicarla totalmente de la mentalidad política y social, hasta conseguir el rechazo social de todo el que se atreva a alardear de sus "chanchullos", porque toda corrupción no es sino una forma de delincuencia.

De modo no exhaustivo, enumeramos los siguientes tipos de corrupción: 

La corrupción administrativa que dificulta la inversión empresarial, en especial la urbanística. 

La corrupción política, que legisla en interés de la propia clientela.

La corrupción popular, que apoya con su voto exclusivamente su interés privado, incluso perjudicando el interés común.

La corrupción empresarial que elude tributos y cuotas sociales.

La corrupción ciudadana que se acoge a subvenciones y subsidios fraudulentos.

La corrupción sindical que extorsiona a empresas poniendo en dificultad su viabilidad.
La corrupción de los medios de comunicación, inclinando a la opinión pública en interés de su opción política o su propia economía.
La corrupción judicial que inclina la balanza de la Justicia hacia sus protegidos o benefactores.

El principio de subsidiariedad

El Estado debe intervenir en la acción social para garantizar el bien común, siempre que sea necesario porque la iniciativa privada no llegue a garantizar la cobertura de necesidades básicas; pero cuando los propios ciudadanos, mediante su iniciativa asociativa, cuba dichas necesidades, el Estado debe mantenerse al margen. Este "principio de subsidiariedad", que responde a la naturaleza social del hombre, prima la iniciativa individual y la acción ciudadana sobre la imposición del Estado, que deberá limitarse a potenciar las iniciativas que surjan -incluso incentivándolas- y actuando directamente sólo cuando una necesidad básica corra el riesgo de no quedar cubierta; o las relaciones privadas lleven a situaciones de abuso manifiesto.
Por desgracia, en las sociedades occidentales cada vez se deja más en manos del Estado la regulación de los aspectos más marginales de la vida social, entrometiéndose incluso en las propias relaciones familiares y relegando la iniciativa individual hasta un punto en el que se hace prácticamente imposible (1). Muy especialmente, esto se pone de manifiesto en la acción política, que queda relegada a los grandes partidos que tienen representación parlamentaria, impidiendo la aparición de nuevas iniciativas.  Realmente, estamos ante estructuras sociales que compaginan un liberalismo moral alarmante con un Estado opresivo en todo aquello que no tiene connotaciones morales.

"… una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común" (Pío XI en la Cuadragésimo anno ).

La otra cara de la moneda del principio de subsidiariedad es el deber de todo ciudadano de participar en la vida social, en la medida de sus posibilidades y con vistas al bien común. Muy probablemente el avance opresivo del Estado se deba a la dejación de derechos y obligaciones que los ciudadanos están manifestando en occidente, buscando una cómo dependencia de un "papá estado" que les solucione todos los problemas. Parece como si estas sociedad debilitada y atontada buscase más la subvención del Estado que la subsidiariedad.

Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones asociadas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social (Compendio de la doctrina Social de la Iglesia, 185) 

(1) Especialmente grave es la intromisión del Estado en el derecho a la patria potestad y la educación de los hijos, que se va incrementando peligrosamente en las últimas décadas.

Potenciar la libertad

Mi libertad no termina donde empieza la del otro; porque las libertades individuales de unos y otros se solapan y entrelazan. Por esto es necesario un código ético que regule el ejercicio de la libertad en cuanto que entra en relación con la libertad de los demás. El liberalismo absoluto no es una situación real: nadie puede hacer lo que le venga en gana pensando que su actuar no influye en los demás, ni siquiera en ámbitos que se podrían considerar muy personales. Si queremos un marco de libertad que sea viable, tenemos que rechazar tanto la intervención absolutista del poder político -que anula la libertad de todos-, como el liberalismo total, que suele desembocar en el libertinaje o la ley del más fuerte.

El Estado deberá regular un marco ético susceptible de optimizar el bien común; y dejar que los particulares regulen sus relaciones dentro de dicho marco. Sólo cuando dicho marco sea transgredido o las relaciones bilaterales resulten manifiestamente abusivas, el Estado deberá restablecer la legitimidad.
Es verdad que sólo existe libertad ciudadana cuando el Estado actúa subsidiariamente de los pactos libremente establecidos entre los particulares; porque cuando interfiere constantemente, estableciendo límites injustificados a las relaciones bilaterales, puede llegar a anular una libertad que teóricamente protege. Pero también es cierto que, cuando las circunstancias pueden propiciar situaciones abusivas del fuerte frente al débil, estos límites no sólo están justificados, sino que resultan necesarios.
En base a este principio, los poderes públicos deberán establecer -por ejemplo- condiciones laborales mínimas, erradicar la usura, prohibir el escándalo público, la pornografía y las relaciones sexuales con menores, promover la fidelidad conyugal, perseguir el tráfico de drogas, el adulterio, el suicidio y la eutanasia, que son siempre actos que invaden la esfera social en general, aunque se cometan de mutuo acuerdo entre las partes.
Curiosamente, en la actualidad parece como si el único vicio con repercusión social que existiese fuese el tabaco, que se ha llegado a prohibir incluso en aquellos locales en los que todos estuviesen de acuerdo en fumar. La escusa que se alega es que la salud individual se convierte en cuestión pública a la hora de sufragar los gastos, como si no nos saliesen a la larga mucho más caras a todos las infidelidades conyugales de algunos o las obsesiones sexuales de otros. ¿Cómo se puede prohibir comprar tabaco a un menor de 18 años; pero se permite abortar a una niña de 16 sin consentimiento paterno?
Por supuesto, el propio ejercicio de la función pública debe quedar también sometido al marco ético, estableciéndose un código de conducta que pueda ser verificado por los ciudadanos.

Máximo bien común

Se debe tratar de trasladar a toda la sociedad el interés porque la acción política logre el mayor bien común posible. La sociedad debe estar en condiciones de exigir a cada grupo político y social la renuncia a alcanzar el máximo nivel de sus objetivos, si esto fuese necesario para lograr un mayor bien común. Muy habitualmente, el interés extremo de un grupo está alejado del mayor bien común de todos, de forma que hay un límite más allá del cual las legítimas reivindicaciones pueden atentar contra el bien común. Esto se pone de manifiesto con frecuencia en las reivindicaciones laborales respaldadas por huelgas salvajes; o en las estrictas normas impuestas por la SGAE con respecto al canon digital (1). Ya sé que parecerá un objetivo algo ingenuo; pero no cabe duda de que si todos los grupos cediesen parte de sus últimas reivindicaciones, esto redundaría en un mayor bienestar social y el máximo bien común sería alcanzable. 

Por supuesto, el objetivo del bien común no se puede perseguir a costa de anular ninguno de los derechos fundamentales del hombre como individuo o como ciudadano. En aquellos casos en los que se ha ignorado la dignidad individual para lograr el "paraíso social", lo único que se ha conseguido es convertir la sociedad en un "infierno colectivista".

Tampoco podemos caer en el peligro contrario: pensar que el bien común se logrará fomentando el egoísmo personal de todos, implantando un liberalismo radical. Tenemos ahora un ejemplo dramático de esto: la crisis económica que azota a Occidente es hija del liberalismo financiero que ha imperado en las últimas décadas.

Y, por supuesto, siempre es mejor perseguir el bien -por muy pequeño y remoto que aparezca-, que optar por el menor de los males. Esta excusa del "mal menor" es lo que ha permitido a tantos políticos mediocres perpetuarse en un sistema de bipartidismo, que ha terminado por secuestrar la democracia.

"La dignidad humana es un valor intrínseco de la persona creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo. El conjunto de las condiciones sociales que permiten a las personas realizarse colectiva e individualmente es el bien común(Benedicto XVI, Discurso, mayo 2008). "

(1) Me refiero a la recaudación indiscriminada de los derechos de autor por la compra de dispositivos susceptibles de realizar copias, aunque el destino real de los mismos no se haya comprobado.

Objetivos del SOCIALCRISTIANISMO

El SOCIALCRISTIANISMO debe ser un planteamiento conservador y revolucionario a la vez:

Por una parte, conservará las instituciones fundamentales para el ser humano y su desarrollo social: vida, familia, matrimonio, patria potestad, justicia social, libertad, iniciativa y propiedad privadas…

Pero, por otra parte, tendrá que revolucionar las instituciones y estructuras que actualmente propician las injusticias sociales y la corrupción política (estructuras de pecado, las llama Benedicto XVI). Por ejemplo, en el campo económico propongo un sistema fiscal justo, la eliminación de la especulación inmobiliaria, el fomento del cooperativismo social y la implantación real del principio de subsidiariedad. Tendremos tiempo en otras entradas de ver todo esto con detenimiento.

Indudablemente, la característica principal del Socialcristianismo debe ser la solidaridad plena: buscar el máximo bien común, incluso cuando parezca que esto nos aleja de nuestro máximo interés. Pero hay que empezar por explicar lo que entendemos por el bien común, que no es el bien de la mayoría, sino lo que realmente supone el bien para la mayor parte de la sociedad. Esta confusión se da especialmente en sociedades en las que  la participación política es escasa y, por lo tanto, se puede alcanzar una mayoría parlamentaria con el respaldo de sólo un 20% ó  25% del electorado (y un porcentaje aún inferior de la población). En cualquier caso, es función de la mayoría elegir -y seguir- el camino que consideren mejor para lograr dicho bien común, pero teniendo en cuenta a la totalidad de la sociedad, no sólo a sus propios votantes.

También es importante no confundir el bien común con el interés general: el bien es lo que realmente mejorará la sociedad y la hará prosperar, aunque sea a largo plazo, mientras que el interés general –muchas veces fabricado artificialmente por el poder mediático- puede ser una mera moda pasajera o una preocupación temporal.

Habitualmente es la falta de ideales y valores de nuestros políticos lo que les hace actuar guiándose por el exclusivo interés de sus votantes y el público en general, ya que su  objetivo prioritario es mantenerse en el poder, mucho antes que lograr el bien común. Hoy, casi toda Europa está guiada por esta clase de políticos, lo que hace muy urgente que se incorporen al panorama político hombres con valores y peso específico, capaces de mantener sus ideales sin dejarse arrastrar por el absurdo progresismo imperante. En muchos de los países y regiones europeas, sobra tanta infecunda lucha de partidos y hace falta la firme determinación de sustituirla por una auténtica solidaridad nacional no fanática, basada en ideales y objetivos concretos.

La acción asociativa y sindical opresiva.

En muchos casos, grupos de poder organizados y con influencia en sectores básicos de la economía o la sociedad –medios de comunicación, sindicatos, industrias básicas, organizaciones financieras-, chantajean al poder político para obtener privilegios que habitualmente no son legítimos. Su amenaza suele ser la retirada del apoyo financiero, mediático o electoral. Estos chantajes suelen calar a fondo cuando se esgrimen frente a políticos mediocres y sin ideales; lo que, por desgracia, es demasiado frecuente.

Pues bien, una sociedad no puede considerarse democrática cuando está en manos de estos grupos de presión, porque entonces es la opinión o el interés de una minoría lo que acaba imponiéndose sobre la auténtica voluntad popular.

El Estado debe evitar, mediante el ejercicio de los medios que tiene a su alcance, que estos chantajes lleguen siquiera a plantearse. Y los electores deben tener suficiente información y criterio como para expulsar del sistema político democrático a quienes ceden ante estas presiones.

La tiránica tolerancia

En el ambiente político occidental se ha implantado un concepto de tolerancia que admite cualquier conducta inmoral, aunque indirectamente perjudique al colectivo social, en defensa de un liberalismo que fácilmente se convierte en libertinaje. Por ejemplo, la tolerancia nos permite disolver un matrimonio en tres meses, sin necesidad no ya de culpables, sino ni siquiera de dar razones; de esta forma, se aniquila el más importante contrato que existe: el que constituye la célula social básica. Esta posibilidad, tan tolerante con el que quiere incumplir su compromiso, deja totalmente indefenso al que lo entregó todo en ese matrimonio pensando que era para toda la vida. También en aras de la tolerancia, se prohiben todos los símbolos religiosos que pudiesen “ofender” a miembros de otras religiones, sin darse cuenta que de este modo se "ofende" la libertad de expresión y culto de todos. Por supuesto, los tolerantes no tienen tanta sensibilidad cuando se trata de permitir la exibición de pornografía en aquellos lugares o emisiones que se encuentran al alcance de los niños, aunque la propia Constitución española trate de impedirlo.

Por supuesto, estos mismos tolerantes se niegan a admitir cualquier crítica de sus posturas y dogmas progresistas, acusando de intolerante a cualquiera que se permita pensar diferente, que es el peor sacrilegio que puede cometerse en esta nueva sociedad sin Dios.

Su argumento favorito es: “todo ejercicio de la libertad es tolerable; pero hay cosas que no se pueden aceptar”. Por supuesto, son ellos mismos -los tolerantes- los que indican dónde se encuentra el límite de lo inaceptable. Y resulta curioso que consideren lógica cualquier restricción o imposición civil;  pero si se trata de una restricción moral –en especial si es moral cristiana- entonces debe combatirse. Tenemos total libertad para nuestras prácticas sadomasoquistas; pero no es posible contraer matrimonio indisoluble.

De esta forma, la sodomía, el adulterio, las relaciones sexuales prematuras, la pornografía, la pederastia consentida, el aborto, la eutanasia… son actos tolerables; pero fumar, comprar tabaco, contaminar el aire o el agua, maltratar un animal o simplemente hacinarlo en el transporte hacia el matadero, o no separar la basura, son actitudes que en ningún caso pueden tolerarse. 

Si alguien se hubiese propuesto destruir la civilización occidental, no habría encontrado mejor forma de hacerlo que implantar esta “ideología de la tolerancia”.

¿Será casualidad?

El feminismo radical.

El peor aspecto de la ideología de género es la “lucha de sexos”, que el feminismo radical pretende implantar; y que sería el sustituto de la "lucha de clases" comunista que tanto fascinó a los intelectuales del siglo XX. Y, como ocurrió con la ideología comunista, el objetivo de la confrontación de sexos es incluso más importante que el propio bien de dichos sexos: hombre y mujer han de estar en lucha, aunque esto les destruya. Este feminismo es tan radical que se le podría llamar “feminazi”. Sí, ya sé que es una palabra muy fuerte; pero luego explicaré por qué creo que le cuadra perfectamente este adjetivo.

El feminismo en sí no es bueno ni malo: lo podríamos definir como el esfuerzo de las mujeres para que se les reconozca su dignidad, sus capacidades y las limitaciones a que les somete su condición de procreadoras. En la medida en que estos objetivos coincidan con la verdad, son positivos; ya que el descubrimiento de la verdad es siempre algo bueno.

Por todo lo anterior, me atrevo a afirmar que hay dos tipos de mujeres activistas:

Las feministas, que son aquéllas que pretenden engrandecer la figura de la mujer; lograr que puedan realizarse en plenitud en el mundo actual; reconociendo la dignidad que tienen -igual a la del varón, pero con diversidad de funciones-. Las feministas quieren una mujer muy femenina, madre, esposa, trabajadora, intelectual, artista y capaz de dar a la sociedad esa visión del mundo tan diferente de la del varón.

Las feminazis, que son las mujeres obsesionadas por una ideología que nada tiene de femenina y mucho tiene de odio al sexo contrario, al que pretenden suplantar. Estas mujeres quieren imponer a las demás mujeres sus propias actitudes anti-femeninas que sólo pretenden convertirlas en "varones sociales con anatomía hembra"; y que acabará destruyendo a toda mujer que se deje arrastrar por ellas.

¿Parece muy fuerte la distinción? Pues repasemos algunos hechos:

Las feministas radicales piensan que las mujeres que desean casarse y tener hijos han sido seducidas y engañadas por los hombres; mientras que las mujeres que no desean ese tipo de cosas se han liberado de tal engaño. Estas “mujeres libres” tratan de liberar a las demás mujeres —les guste o no— de sus deseos de familia y de maternidad. Esta revolucionaria ideología no logró la adhesión popular, por ser  opuesta a los sentimientos naturales de la mayoría de las mujeres, por lo que el feminismo radical adoptó la estrategia indirecta de conquistar instituciones como las universidades, los organismos estatales y –especialmente- las Naciones Unidas, en donde han logrado imponer su programa. Y, por supuesto, todo político occidental que se considere progresista las apoya sin darse cuenta de la intolerancia que esto supone hacia las auténticas mujeres feministas.

Gracias a estos apoyos, se imponen leyes discriminatorias y  degradantes. En España, la llamada ley de violencia de género discrimina manifiestamente al varón, sin tener en cuenta si en cada caso concreto éste es la parte fuerte o débil de la relación; y se le somete a la degradación de las llamadas “pulseras de control”, que no se utilizan con ningún otro delincuente aunque sea mucho más peligroso. ¿Os recuerda esto a las leyes nazis que consideraban a los judíos ciudadanos de segunda y les obligaban a identificarse con una estrella de David? Por supuesto, la violencia que las mujeres puedan ejercer en su propia familia escapa a esta rígida ley; incluso a cualquier ley, ya que el asesinato de su propio hijo en el seno materno está considerado un "derecho". Se otorgan así el derecho sobre la vida ajena, con la falacia de que el feto es parte de su cuerpo y pueden disponer de él a su antojo. Ni siquiera les preocupa que de este exterminio muchos hombres puedan hacer un lucrativo negocio: los abortorios legalizados. Todo vale con tal de que ellas puedan sacudirse a voluntad el yugo de la procreación. ¿Se parecen los abortorios a los campos de exterminio nazis? Por supuesto que no: en los abortorios no se quema a los fetos, sino que se les tira directamente a la basura o se les utiliza para la industria de la cosmética; además, en los abortorios legalizados ya se ha aplicado la “solución final” a muchos más niños que los 6 millones de judíos que asesinaron los nazis… y la cuenta sigue. Por supuesto, en ambos casos bajo leyes promulgadas legalmente.

El desprecio del varón llega a tal extremo, que se permiten ensalzar a la mujer que decide tener un hijo sin depender de aquél: y se inseminan artificialmente para traer al mundo niños “amputados de padre”; quizá con el propósito de extirpar de la infancia la perniciosa figura paterna. Realmente, con un buen banco de semen, el mundo podría perpetuarse exclusivamente con mujeres: ¿se les habrá ocurrido ya esta idea?
Y nuestros políticos, ocupados por sus intereses partidistas, apoyando toda esta barbarie sin ningún pudor, considerándose muy progresistas. Sin darse cuenta de que si la mujer es el alma de toda civilización, la feminazi es su cáncer.

La funesta ideología de género

Hace siglo y medio, la civilización -inmersa en la revolución industrial- se lanzó alocadamente a la carrera del progreso sin pensar en el coste que dicho progreso pudiese tener: no tuvo en cuenta ni la protección del más débil (el trabajador arrancado del mundo rural y esclavizado en entornos industriales urbanos) ni la conservación de la Naturaleza, que tuvo que soportar todo tipo de agresiones que amenazaban el equilibrio medioambiental en muchas partes del planeta. Fueron necesarias décadas de aberraciones hasta que el afán progresista industrial se moderó y permitió al hombre ver lo que ocurría a su alrededor; y empezar a poner coto a tanta destrucción.
Pues bien, desde la segunda mitad del siglo XX -y especialmente en sus dos últimas décadas- el hombre se ha lanzado a la carrera de disfrutar de las posibilidades que los avances científicos han puesto a su alcance; y en esta alocada carrera tampoco tiene tiempo de pararse a ponderar las consecuencias de sus actos.
Primero se controló la fecundidad humana; y el hombre se lanzó a disfrutar del sexo sin miedo a las consecuencias. Después se la logrado controlar la propia generación del nuevo ser; y muchos se han lanzado a "fabricarse" hijos a su medida, cuándo, cómo y dónde les ha parecido mejor, sin tener en cuenta el bien final de ese hijo que tanto desean.
Y, tras los dos adelantos anteriores, nos hemos lanzado a transformar la sociedad natural basada en la familia (hombre y mujer en unión permanente), sustituyendo la estructura social en la que los individuos nuevos se incorporaban a través de una familia basada en lazos de amor, por una estructura totalmente artificial e inviable en la que se considera familia a cualquier colectivo que sea capaz de interaccionar sexualmente.
Y para evitar que las diferencias de sexo ralenticen esta alocada carrera, nos hemos lanzado a eliminarlas y a imponer -a sangre y fuego- una ideología de género que no es más que la destrucción del ser humano como se le ha considerado hasta la fecha (acorde con su naturaleza real): la deconstrucción del hombre. Los seguidores de esta ideología consideran que las diferencias entre varón y mujer son solamente accidentales y culturales, asignadas a cada grupo por las conveniencias estructurales de cada sociedad; y la liberación de esta “opresión” pasaría por que cada uno fuese libre de determinar su género (como si se tratase de vocablos) con independencia de esa tozuda realidad que es la condición sexual de cada una de las células del organismo humano. Pretenden tanta libertad, que empiezan por liberarse del propio cuerpo, o tratan de disfrazarlo mediante operaciones estéticas.

Según esta teoría, no se nace hombre o mujer, sino que esta división es el resultado de un proceso social. El ser humano nace sexualmente neutro, la sociedad nos asigna a uno u otro "género" en función de nuestra configuración genital. Tras esa asignación inicial, los niños son educados en la masculinidad y las niñas en la feminidad. Hombres y mujeres no existen como tales en estado natural, sino que son únicamente resultado de esos procesos o "construcciones sociales". Esta “socialización”, dicen, afecta a la mujer negativa e injustamente. Por ello, su objetivo es deconstruir todos los modelos de comportamiento individual y social, incluidas las relaciones sexuales y familiares. Ven a la mujer como la clase oprimida, porque ellas deben soportar los embarazos y ocuparse de criar a sus hijos. Y concluyen que la única forma de eliminar esa opresión es eliminar la maternidad como función femenina. Buscan establecer una igualdad total entre hombre y mujer: relativizan la noción de sexo de tal manera que, según ellos, no existirían dos sexos, sino más bien muchas "orientaciones sexuales".
La ideología de género, que se planteó a nivel mundial por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Beijing en 1995, está siendo impuesta a sangre y fuego por las instituciones internacionales, con la connivencia de los mediocres políticos occidentales, convencidos de que éste es el camino del progresismo. No se dan cuenta de que están jugando con una "bomba atómica social" que acabará destruyendo al ser humano. Y sin ser humano, la Democracia es inútil...

La sombra del nazismo

Por supuesto, el régimen nazi está reprobado por todos los actores sociales –excepto los propios neonazis, claro-, ya que ven en él la antítesis no sólo de la Democracia, sino de cualquier atisbo de civilización social.

Entonces, ¿por qué estamos reproduciendo algunas de sus características? No quiero escandalizar con esta pregunta; pero creo sinceramente que se están produciendo conductas muy similares a las que llevaron a aquella barbarie, salvando –por ahora- las distancias.

Efectivamente, el nazismo se desarrolló y alcanzó el poder en una sociedad que bien podemos considerar como la más culta y avanzada científica y empresarialmente de occidente. ¿Cuál fue la excusa para aquella asombrosa deriva social? Siempre se nos ha explicado que las causas fueron dos: la derrota que sufrieron los alemanes en 1918, y la crisis económica sin precedentes que estalló en 1929 y que dejó en el paro a un alto porcentaje de la sociedad. Si esos fueron los detonantes, entonces deberíamos echarnos a temblar, porque esos antecedentes pueden estar produciéndose en la actualidad. En concreto, en España también un sector sufrió una derrota humillante (que ahora se está reavivando con la famosa "memoria histórica”) y estamos viviendo la mayor crisis económica que haya conocido nunca el mundo (sí, mucho mayor que la de 1929) y el mayor porcentaje de desempleo de nuestra historia.

Si esto es así, deberíamos estar muy atentos a los síntomas de nuestra sociedad, para evitar que acabemos cayendo en la misma enfermedad social. Empezaremos por  tratar de responder a algunas preguntas:

1ª.- ¿Cómo se pudo presentar como legítimo lo que evidentemente era ilegítimo? Si nadie se queja, si todos mantienen silencio, entonces cualquier conducta se legitima.

2ª.- ¿Cómo se pudo culpar a un grupo -los judíos- de todos los males? Porque nada une más a la mayoría, que una minoría a la que atacar. Esto lo aprendimos todos ya desde el colegio…

3ª.- ¿Cómo se pudo uniformar de tal manera la opinión pública?  Con un control férreo de los medios de comunicación: sólo se puede decir lo políticamente correcto.

4ª.- ¿Cómo un líder muy mediocre y pésimo gobernante se pudo deificar? Porque muchos grupos -igual de mediocres- creyeron que podrían sacar provecho de la situación (aunque al final fuese la ruina de todos).

5ª.- ¿Cómo se pudo dejar todo el gobierno en manos de fanáticos? Porque el líder incapaz sólo puede rodearse de personajes peores que él mismo, especialmente si son fanáticos.

6ª.- ¿Cómo se pudo engañar a todos prometiéndoles la victoria final? Porque la huida hacia adelante es la única escapatoria cuando no se sabe poner otro remedio.

Una vez contestadas estas preguntas; y al descubrir las similitudes que se presentan con situaciones actuales en diferentes países, ¿no aparecen motivos de preocupación? Creo que no exagero si digo que gran parte de la civilización occidental actual –y España es el paradigma- comparte cuatro similitudes sospechosamente parecidas al nazismo:

Líderes sin carisma: los líderes occidentales no defienden una auténtica ideología política, sino que se limitan a manifestar la superioridad de unos sobre otros y tratar de obtener privilegios para los propios. Reclaman agravios y derechos, sin proponer nada a cambio.

El progresismo como doctrina única: si no eres políticamente correcto, si no secundas las propuestas de esos líderes sin carisma, si no aceptas sus dogmáticas afirmaciones nunca razonadas, entonces no mereces estar dentro del sistema. Porque el sistema  progre-tolerante lo admite todo menos que se le lleve la contraria. El tan cacareado pluralismo progresista sólo admite una opción. 

Dictadura del miedo. El miedo y la seguridad justifican cualquier violación de los derechos civiles y cualquier medida desproporcionada. Se empezó con la “guerra revancha” en Afganistán; después la “guerra preventiva” en Irak; y ahora se hace pasar por los desnuda-escáneres a todos los viajeros aéreos. Se quiere controlar a la sociedad occidental espiritualmente débil con amenazas terroríficas: cambio climático, epidemias diversas, terrorismo, crisis, reducción de pensiones... Una vez sembrado el miedo, la sociedad lo admitirá todo. Pero cualquier otra sociedad valiente -o que no tenga nada que perder- nos acabará dominando fácilmente.

Búsqueda de chivo expiatorio: La minoría culpable de todos los males de la sociedad son ahora los católicos, como para los nazis lo fueron los judíos. La diferencia es que el ataque a los judíos estaba totalmente injustificado y procedía de prejuicios infundados; pero el ataque a los católicos es la consecuencia lógica a la oposición que estos ejercen frente a quienes quieren “deconstruir” la civilización que nos ha traído a este grado de bienestar.
Sí, de una democracia corrompida, de un estado opresivo que todo lo regula, es fácil que nazca un totalitarismo fanático; sobre todo si beneficia a algunos.