Presentación

Con este blog pretendo mostrar a los lectores las soluciones que -a mi parecer- aporta el cristianismo a los problemas y retos sociales actuales. He querido denominar SOCIALCRISTIANISMO al conjunto de soluciones concretas que aquí se van a proponer, para diferenciarlas de otras propuestas que también puedan inspirarse en el cristianismo. Pero quiero aclarar desde el principio que no se trata de un "socialismo cristiano", sino un "cristianismo social".
Como propuesta política que és, debe comenzar por regenerar la corrompida democracia occidental; y empezar por describir el marco político que debe regir una auténtica democracia.

29 de marzo de 2011

Medidas anticorrupción

No basta con rechazar la corrupción política y lamentarse constantemente de esta lacra, es necesario exigir tanto al gobierno como a los partidos que adopten medidas eficaces para evitarla.
Lo primero será identificar esta corrupción como la obtención de cantidades o favores a cambio del tráfico de influencias, la información privilegiada, la concesión de licencias o la adjudicación de contratos, ya sea directamente o disfrazado de "financiación del partido", que es un eufemismo para designar un vulgar chantaje.
Si los partidos realmente quisieran erradicar esta lacra, serían los primeros en denunciarla; pero como realmente les acaba beneficiando a todos, prefieren encubrirla o negarla.
Se me ocurren algunas medidas que podrían incorporarse tanto al código penal como a la ley electoral, para que sean los propios compañeros los que denuncien estas prácticas:
  • Mientras a un político se le esté procesando por corrupción, tendrá que cesar provisionalmente en todas sus actividades públicas, ya sean cargos electos o dentro de su partido; y si finalmente resultase condenado, el cese será definitivo y perderá la posibilidad de presentarse como candidato durante un plazo de diez años. Mientras que una persona está siendo procesada por cualquier delito, no podrá presentarse como candidato en ningún tipo de comicio.
  • Además, tras la condena en firme, el partido en cuyas listas fue elegido, no podrá presentarse en dicha circunscripción durante el mismo plazo de diez años; y si se hubiese comparecido en comicios desde la denuncia hasta la condena, sus cargos electos por esa misma circunscripción deberán renunciar, reduciéndose el número de miembros del órgano que se trate.
Con medidas como las indicadas, serían las propias formaciones políticas las encargadas de vigilar la honradez de sus miembros.

¿Para cuándo estos cambios?

28 de marzo de 2011

Manifestaciones en contra de la corrupción.

Se han producido este fin de semana manifestaciones en contra de la corrupción política. Esta podría ser una buena noticia; pero no es así. Porque han sido manifestaciones organizadas por uno de los partidos en contra de la corrupción de los miembros del otro partido. Y esto es muy malo, es síntoma de la podredumbre de nuestra democracia: la corrupción sólo es mala si la cometen “los otros”. En base a este lema, hay ciudadanos a los que parece que no les importa ser robados, si quien les roba es de “los suyos”.
La situación debería ser radicalmente opuesta: cada partido, cada ciudadano, debería tratar de erradicar la corrupción empezando precisamente por “los suyos”, expulsando a todo aquél que se ha colado en la política para sacar provecho personal a costa de los demás.
Y mientras que los partidos no actúen así, nosotros tendremos que seguir denunciándolo; y buscando partidos nuevos que acepten este código indispensable.

23 de marzo de 2011

¿Social o socialismo?

El socialismo hace de lo social una ideología en si misma; y anula a la persona en beneficio de un estado totalitario y opresivo.
El Socialcristianismo lleva al campo de lo social la ideología cristiana, buscando que cada persona no sea ajena a las circunstancias de las demás: evita el individualismo manteniendo la prioridad de la persona. El Estado debe cumplir las funciones subsidiarias de canalizar y coordinar esa solidaridad [que es la caridad cristiana]; o la suple cuando los ciudadanos no la practican.

20 de marzo de 2011

El poder de los partidos


Los partidos políticos europeos están concebidos más como instrumentos de poder que como vehículos de representación popular. Se parecen a la concepción Comunista de partido único y son igualmente despóticos.
De hecho, el partido aunque nazca como agrupación de electores que tienen una misma ideología o fines políticos, enseguida supedita dichos principios y fines a la obtención del poder. Cambian su interés en hacer un tipo concreto de política, por su interés en hacer política de cualquier tipo. Es el poder lo que persiguen.
Por esto, existe un divorcio absoluto entre los intereses de los ciudadanos y los de los políticos que los representan. Más que asumir la opinión pública, suelen modelarla según sus estrategias.
Y para que todo esto pueda funcionar, estructuran sus propias formaciones políticas basándolas en esquemas parecidos de poder: el líder no es el mejor político, el que aporta mejores propuestas o soluciones, ni siquiera el mejor gestor: el líder del partido es aquél que ha logrado más poder dentro de su formación. Poder que muchas veces depende del clientelismo y las prebendas que se hayan repartido o prometido. 
Estos partido no pueden encarnar la representación pública en una Democracia, ya que ellos mismos no son democráticos internamente.

18 de marzo de 2011

La Ley electoral española


Uno se pregunta cómo es posible que siendo considerados nefastos los políticos de un país, puedan salir y volver a salir elegidos. Por ejemplo, en España ningún político logra el aprobado en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): los españoles suspendemos a TODOS nuestros políticos. Entonces, por qué les volvemos a votar?
Está muy claro: la democracia está secuestrada por la clase política y ya se encargan ellos de que no se pueda introducir ningún advenedizo en este coto privado que se han creado. En España, la ley electoral consagra el monopolio de los grandes partidos que primero alcanzaron el poder; y no hay posibilidad de introducir alternativas. Este monopolio descansa en el sistema de ayudas económicas a los partidos que ya están, en las listas cerradas que convierten a los candidatos electos en siervos del partido, no del pueblo que los elige; y si alguno pretende desmarcarse, se le aplica la disciplina de partido y se le silencia.
Es necesario modificar la ley electoral, estableciendo un sistema de listas abiertas, en las que se puede elegir al político que mejor nos representa y no al que más servicios presta a su líder. También se deberían eliminar los mínimos para lograr representación pública: si un partido obtiene el 2% de los votos, ¿por qué no va a tener dos diputados de cada cien? Y para una representación mejor del pueblo, reducir el tamaño de los distritos electorales, para poder conocer a los candidatos, sus programas y su posterior cumplimiento. 
Con estos cambios, no sólo se daría sabia nueva a nuestra democracia, sino que se podría controlar la actuación de CADA político elegido.
Pero claro, a nuestra partitocracia y sus líderes no le interesa que sus súbditos puedan elegir realmente a sus representantes.

14 de marzo de 2011

Otra vuelta de tuerca

En España, el Estado opresivo y déspota quiere dar una nueva vuelta de tuerca en su control de los ciudadanos. Una de las visionarias de nuestro gobierno está planeando la promulgación de una ley que imponga la igualdad de trato. En principio esto de la igualdad suena bien; pero cuando se aplica la igualdad forzosa a quienes se comportan de forma desigual, entonces puede esconder la mayor de las injusticias y la mayor de las discriminaciones hacia los ciudadanos cumplidores y productivos.
Pero esta injusticia no sería lo peor de esa anunciada Ley de Igualdad de Trato. Lo malo, lo perverso, lo inconstitucional, lo atentatorio contra los derechos humanos, es que dicha leynefasta incluye disposiciones que considerarán delito todas aquellas opiniones contrarias a la misma. Es decir, si yo considero que algunas actitudes no son tan iguales y que no deberían recibir el mismo trato, entonces estaré cometiendo un delito de opinión. Sí, en España, después de la conquista democrática, se va a imponer el delito de opinión, como en la China comunista, la Cuba de Castro, los soviets de Stalin o la Alemania de Hitler: en España será el Estado el que nos diga lo que tenemos que opinar; y al que "piense" lo contrario, se le podrá procesar.
Perdónenme la expresión, pero lo único que se me ocurre añadir es:
¡TOMA YA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y TOLERANCIA!

10 de marzo de 2011

Proyecto España

Se ha hablado últimamente de la "marca" España, como si nuestra nación estuviese en venta, cuando lo que están en venta son nuestros productos y nuestros servicios turísticos, que no es lo mismo. ¿Es que la crisis económica nos ha rebajado tanto que ahora sólo nos preocupamos de vender? España, ¿no es otra cosa que una enorme empresa mercantil?
Yo prefiero hablar del Proyecto España, que se parece más a nación española; porque cualquier pueblo que se precie sabe que es algo más que un "producto en venta". Y, además, el proyecto español ya era un proyecto global cuando todavía no se habían inventado las telecomunicaciones.
Hay que retomar el proyecto España, pero siendo muy conscientes que la grandeza de la nación española no proviene específicamente de la bondad de sus gentes, ni de su capacidad económica, ni de la iniciativa de sus investigadores, ni de la importancia y variedad de sus creaciones artísticas y culturales –que de todo esto tiene y mucho- ni siquiera de la simple amalgama geográfica de sus pueblo; sino que su grandeza se deriva de haber sabido extender la concepción social cristiana por todo el orbe, haber sido la nación que hizo que a Occidente se le conociese durante siglos como “la Cristiandad”; y ésta fuese envidiada por todas las demás culturas.
España volverá a ser una nación grande e influyente en la medida en que retome este proyecto. Pero en la actualidad estamos muy lejos de hacerlo, ya que llevamos décadas caminando en el sentido opuesto: España será una de las naciones más culpables en la desintegración de Occidente por haber ayudado activamente a socavar sus cimientos, pudrir sus raíces cristianas: y Occidente (la Cristiandad) dejará de existir cuando el Cristianismo sea erradicado de su sociedad.

9 de marzo de 2011

Política social

El Socialcristianismo propugna la defensa por parte del Estado de los más desfavorecidos, utilizando para ello un sistema fiscal progresivo que permita la correcta redistribución de las rentas; pero procurando más la igualdad de oportunidades y los medios para alcanzar una nivel de vida digo que la mera  subvención. Cuando ésta sea inevitable, se exigirá del subvencionado la oportuna contraprestación social.
Respetando el principio de subsidiariedad, el Estado garantizará no solo las necesidades materiales de cada ciudadano, sino también sus necesidades culturales y espirituales. Esto se tendrá que reflejar muy especialmente en los planes de estudio, que contendrán no sólo las asignaturas informativas, sino también aquellas otras que facilitan la inclusión social de los que tengan más riesgo de exclusión. La formación humana y cultural permitirán la igualdad de oportunidades de todos.

8 de marzo de 2011

Relaciones laborales


En cuanto a las relaciones laborales, el Socialcristianismo exige salarios y condiciones de trabajo dignas, tratando de equilibrar los derechos y deberes del empleado y el patrón. Pienso que es más importante asegurar una buena relación laboral mientras se está desempeñando el trabajo, que proteger a los trabajadores con fuertes indemnizaciones por despido. Este sistema, que es el que se sigue en España, nos ha llevado a tener siempre el doble de tasa de desempleo que los demás países occidentales. Esta equivocada protección disuade a las empresas de contratar trabajadores salvo cuando no les queda otro remedio; e incita a los empleados con más antigüedad a reducir su rendimiento, ya que tienen el puesto asegurado. Y, en cualquier caso, reduce la movilidad laboral, ya que los trabajadores no quieren renunciar a la antigüedad que les proporcionaría importantes indemnizaciones en caso de despido.
Un sistema más justo y efectivo sería retribuir el trabajo teniendo en cuenta la productividad, permitiendo a la plantilla participar en el beneficio que ha ayudado a conseguir, y completando con un sistema de pensiones o desempleo que dependiese de la vida laboral total, no de la antigüedad en una empresa concreta. De esta forma, el trabajador que no haya consumido subsidios de desempleo verá mejorada su pensión de jubilación. El mayor coste para las empresas queda paliado con la seguridad de que el coste se produce mientras el trabajador está rindiendo, sin el miedo actual a no poder reestructurar plantilla (o despedir a un trabajador vago) porque la antigüedad le supone un coste inafrontable. 
Por supuesto, las autoridades velarán para erradicar toda explotación laboral o abuso de posición dominante; y deberán vigilarán estrechamente las medidas de seguridad e higiene. 
El derecho a la huelga es importante para el trabajador, pero nunca podrá conculcar los derechos fundamentales de los demás ciudadanos o trabajadores. Por lo tanto, la huelga no podrá ejercerse de forma que se perjudiquen los derechos esenciales de los ciudadanos; en los casos en los que el establecimiento de los servicios mínimos no sea viable, el conflicto se deberá resolver mediante un procedimiento de arbitraje. Los sindicatos no podrá apoyar su acción laboral en el chantaje o intimidación de otros ciudadanos o trabajadores.
La acción sindical irresponsable será causa de la ilegalización del sindicato, paralelamente con lo que ocurre con los partidos políticos.

7 de marzo de 2011

Eliminación de la especulación

Como ya hemos dicho, la propiedad privada debe ser el eje sobre el que gire la acción económica, ya que se ha mostrado como el mejor medio de alcanzar el progreso económico y el bien común. Pero la propiedad privada no es un bien absoluto, sino un medio para conseguir el objetivo del bien común. Por lo tanto, en el Socialcristianismo cabe la expropiación (compensada con el correspondiente justiprecio) como un sistema fiscal justo para la correcta distribución de las cargas sociales.
Esto se plasmará tanto en la posibilidad de expropiación como en un sistema fiscal justo y progresivo, basado en la capacidad económica de cada sujeto pasivo. Por supuesto, para que un sistema fiscal sea justo, debe basarse en la capacidad económica de los contribuyentes, ponderada por sus propias circunstancias. En alguna entrada posterior tendremos ocasión de revisar cómo debe ser un sistema fiscal.
Y si un bien no puede ser expropiado sin el oportuno justiprecio, paralelamente, los bienes o dominios públicos tampoco pueden adjudicarse caprichosamente sin el correspondiente precio. Por ejemplo, si se limita el número de frecuencias de radio o televisión, las que el Estado adjudique deberán ser pagadas por los adjudicatarios, para evitar que acabe en manos privadas lo que pertenece a toda la comunidad. Sin embargo, en la práctica los gobiernos suelen utilizar este tipo de prebendas para fidelizar a sus votantes más influyentes.
En consonancia con estos conceptos de propiedad privada y propiedad pública, entre los que no debe haber un tráfico sin su correspondiente compensación, el Estado socialcristiano debería tratar de erradicar de la vida económica todo tipo de especulación, entendida como la manipulación del precio de los bienes con objeto de obtener un beneficio no fundado en ningún otro hecho económico. La especulación, que se ha revelado como la principal causa de la crisis económica que padecemos desde 2008, es un cáncer para el auténtico desarrollo económico de un país, pues acaba sustituyendo la economía de la producción de bienes y servicios por la llamada economía financiera, sin base real alguna y basada en el apalancamiento: si soy capaz de elevar artificialmente el precio de algo, debo endeudarme para comprar el mayor importe posible y obtener la mayor plusvalía. Esto, que redunda en importantes beneficios, nada aporta a la economía y distrae recursos financieros para las actividades realmente productivas.
En la actualidad existen tres grandes frentes especulativos, enormemente dañinos para la economía:
La especulación financiera: ya sea con mercados de futuros o por la compraventa de divisas o bonos; ésta última puede llegar a poner en peligro la economía de una nación, como ha ocurrido recientemente con la deuda pública griega.
La especulación con materias primas: mediante el acaparamiento y restricción de venta, elevando sus precios artificialmente. Cuando se trata de materias primar alimenticias, lo que puede poner en peligro la subsistencia en los países más pobres, debería estar considerado delito de lesa humanidad. Recientemente hemos asistido a este tipo de especulación con los granso productores de biocombustibles: se destina al combustible ecológico lo que debería estar en el circuito alimentario. Occidente no tiene derecho a defender su ecología a costa d ela vida de los más desfavorecidos.
La especulación inmobiliaria, auténtico cancer social y principal fuente de corrupción política. no solamente es un mal económico, sino que atenta contra el derecho universal a la vivienda de todo hombre; y acaba afectando a la propia estructura social. Efectivamente, el encarecimiento de la vivienda lleva a la disminución de la natalidad, el retraso en la emancipación de los jóvenes y en la edad en la que se tiene el primer hijo.
Estas actividades especualtivas, en la medida en que no puedan ser evitadas, deben gravarse con fuertes impuestos, para que parte de dichos beneficios redunden en la comunidad.

5 de marzo de 2011

Cooperativismo ciudadano

El principio de subsidiariedad de la acción del Estado nos lleva a fomentar la iniciativa privada en todo aquello que sea posible acometer directamente por los ciudadanos. Y cuando la tarea sea excesiva para un particular, hay que fomentar el asociacionismo. en concreto cuando se trate de iniciativas económicas o empresariales, se debe facilitar la formación de sociedades cooperativas, en las que la propiedad está mayoritariamente en manos del capital humano. Ya existen varios tipos de cooperativas: laborales, agrarias, de viviendas, de centros de enseñanza; pero en necesario fomentarlas más y extenderlas a todos los sectores sociales, en especial a aquéllos que están más desatendidos.
Por ejemplo, cuando una cooperativa de padres promueve un centro escolar, elige al profesorado y establece el ideario a seguir y el estilo académico a implantar, se está llevando a la práctica el derecho a la propia educación, a la libre enseñanza y a la elección del ideario; y además ésto se logra al menor coste posible.
Lo mismo puede decirse de las cooperativas de promoción de viviendas, que deberían tener acceso más fácil a la protección pública y al suelo público; cooperativas de crédito, de compras, de servicios, sanitarias, mutuas de seguros, etc...
Cuando en una empresa la propiedad y la fuerza laboral coinciden, los ajustes a los ciclos económicos son más flexibles, porque se tiene confianza en "el patrón"; se elimina toda conflictividad laboral y la práctica totalidad del beneficio redunda en remuneración al factor trabajo.
En una sociedad libre debidamente organizada, la función del Estado queda muy reducida; y se eliminan los riesgos de proteccionismo totalizante y opresivo que están aflorando en el Occidente democrático.

4 de marzo de 2011

Los principios en la política

La acción política debe basarse en los principios de cada formación, y no en los oportunismos de las encuestas. Esto significa que cada problema concreto se afrontará a la luz de los propios principios plasmados en el programan electoral, que es lo que votan los electores; y no pensando en si cada medida nos reportará los apoyos que esperamos o si una medida impopular aunque necesaria nos restará votos. En la acción política se tiene que evitar la táctica habitual de confrontación y división del contrario; y se debe sustituir por un auténtico servicio público en busca del bien común. En su caso, se ejercerá una oposición leal, pensando más en servir a la población con nuestras ini­ciativas y críticas que en derribar al gobierno para sustituirlo.
Siempre se debe tener en cuenta que el bien común está por encima incluso del consenso: el interés por la paz política no puede llevarnos al error. Esto es porque el consenso, instrumento básico del sistema democrático, no puede establecer los principios éticos, sino que debe limitarse a encontrar la mejor manera de aplicarlos; estos principios no se votan, sino que se reconocen por todos los ciudadanos de bien, porque existen por encima de la voluntad popular y son el marco que pone los límites a la acción política, habitualmente recogido en la Constitución de cada país.
Estos límites nos prohiben -incluso desde el punto de vista de los votantes-,  optar por un mal menor, cuando es posible elegir un bien -aunque sea éste pequeño y remoto- o incluso se puede eludir la acción.

3 de marzo de 2011

La elección de centro de enseñanza

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de pronunciar una sentencia de mucha trascendencia para los derechos humanos en España. Ha dictaminado que el derecho que asiste a los padres para elegir el centro educativo de sus hijos está por encima de los límites de alumnos impuestos administrativamente.
Se trata de una familia de tres hijos, a la que habían admitido sólo al pequeño en el Centro que ellos habían elegido, alegando que los dos mayores no podían entrar porque entonces se superaría el número máximo de alumnos en sus clases.
Esta sentencia tiene una doble afirmación de derechos:
  • Los padres eligen el Centro educativo según el ideario en el que quieran educar a sus hijos. Este derecho, que está reconocido por la declaración universal de derechos humanos de la ONU y por la Constitución Española (artículo 27.3), no siempre es respetado por la Administración española.
  • Es un derecho preferente sobre el de calidad de la enseñanza; y es obligación de la Administración facilitar las plazas para que pueda ser ejercido por los padres.
Esperemos que sentencias como esta sirvan para hacer realidad los derecho teóricos.

2 de marzo de 2011

Prioridad del bien común

La ideología socialista sostiene que es el Estado el que debe determinar e imponer el bien común de los ciudadanos; y frecuentemente acaba imponiendo el bien particular de los dirigentes (esto también ocurre en sistemas democráticos no socialistas; pero con alternancia del poder).
Para evitar esa opresión, la ideología liberal afirma que si cada uno busca su interés particular, todos acabarán alcanzando su bien; y en consecuencia, se logrará el mayor bien común posible. Nada más lejos de la realidad: si cada uno busca su interés, lograrán el bien los más preparados, los más poderosos o los que tengan menos escrúpulos, en detrimento de los ciudadanos corrientes, que quedarán a merced de aquéllos.
La Concepción Social Cristiana, en la que se basa el Socialcristianismo, propone que el bien común se alcance con la colaboración de todos, basándose en la generosidad y la caridad cristiana; y el Estado promoviendo estas actitudes y actuando subsidiariamente para cubrir aquellas parcelas que no puedan ser cubiertas por los ciudadanos.
Efectivamente, si los ciudadanos aplicamos nuestro esfuerzo -incluso con renuncia personal- al progreso de la Comunidad, se acabará alcanzando un mayor bienestar que, a la postre, redundará en beneficio de todos. Unos pocos ejemplos nos mostrarán las actitudes que deben ser fomentadas desde el poder público:

·        El empresario podría renunciar a parte de sus beneficios manteniendo puestos de trabajo que ya no le son rentables.
·        El trabajador podría renunciar a parte de su sueldo o jornada laboral, para que más trabajadores puedan disfrutar de un puesto de trabajo.
·        Los sindicatos deberían renunciar a parte de las reivindicaciones de los actuales trabajadores, para promover incrementos de plantilla.
·        Las entidades financieras deberán renunciar a parte de su seguridad crediticia, para reactivar el mercado y así volver a situaciones en las que se mantienen niveles de morosidad bajos.
·        El Estado deberá renunciar a su presión recaudadora, siempre que ésto promueva un tejido económico mayor y más fuerte.
·        Los ciudadanos deberán renunciar a parte de sus subsidios, para que el Estado pueda retomar la senda del equilibrio presupuestario y la inversión pública.

Sí, ya sé que suena idílico; pero es el único camino para salir de una crisis.