Una de las funciones más importantes de los políticos es la de gestores de la economía nacional. En realidad, son los administradores del dinero de todos, que se recauda fundamentalmente mediante Impuestos que ellos determinan.
Es curioso cómo la mayoría de los gobiernos, del signo que sean, se afanan en aumentar el volumen del Estado, el control sobre el ciudadano y multiplican los gastos, ya sean en inversiones, en Administración pública o en subvenciones: el caso es controlar la mayor masa monetaria posible.
Y cuando el aumento de los Impuestos ya no resulta viable, acuden al recurso del endeudamiento. Uno de los aspectos más delicados de la actual crisis económica es el desmesurado déficit público de la práctica totalidad de las naciones occidentales.
Y esto es una situación totalmente antidemocrática, ya que el endeudamiento hipoteca el futuro de los ciudadanos. Mediante esta herramienta financiera, los políticos proyectan su gestión -su mala gestión, diría yo- mucho más allá que la mera duración de sus mandatos. Y esto excede con mucho sus facultades; y restringe las posibilidades de gestión de aquellos que les sucedan.
Un auténtico sistema democrático debe establecer límites muy restrictivos a la posibilidad de endeudamiento, relegando el déficit a situaciones extraordinarias y temporales; y debidamente aprobado por el parlamento. En principio, el mero planteamiento de unos Presupuestos deficitarios debería estar reprobado.
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