Sistema fiscal

El socialcristianismo propugna un sistema Fiscal justo que sirva para la redistribución de la riqueza, en el sentido de que el excedente de ingresos de unos sirva para garantizar el mínimo nivel de vida al que todos tienen derecho. Por supuesto, se debe respetar el sistema de propiedad privada, por lo que la tributación no será confiscatoria. Además, el Estado no deberá recaudar para atender servicios que pueden ser dejados a la iniciativa privada o la colectiva; y procurará que el sector público no tenga una dimensión más amplia de lo imprescindible para garantizar los servicios generales básicos y el nivel de vida digno de todos. 
La tributación -y la progresividad de las tarifas- debe establecerse en base a la capacidad económica real de cada individuo o de cada familia; por loq ue se tendrán en cuenta no sólo los ingresos nominales, sino las cargas a las que se debe atender con dichos ingresos. Por supuesto, la fiscalidad protegerá la célula social básica, que es la familia, prestando atención a sus necesidades de subsistencia, vivienda y educación.
En los casos en los que resulte conveniente incentivar algunas actitudes sociales o sectores económicos, se concederán las desgravaciones oportunas; pero en ningún caso se discriminará la tributación basándose en la diferenciación de fuentes de renta, cuando esto no suponga una distinta capacidad económica.
Todos los límites para la aplicación de tarifas e incentivos fiscales deberán ser progresivos, de modo que no se produzcan escalones ni saltos bruscos.

El Estado garantizará la efectiva aplicación del sistema fiscal con el suficiente control de su cumplimiento y castigo del fraude. A la presunción de inocencia (en los casos de dificultad de interpretación de la norma o ausencia de dolo) y las ayudas para el correcto cumplimiento de la normativa se unirá un sistema sancionador efectivo que disuada del fraude y lo convierta en delito para importes análogos a otros delitos económicos. Reducción de las sanciones cuando no existe ocultación o se trata de un criterio fundado de interpretación de norma.

La Hacienda Pública agilizará las devoluciones y compensaciones de créditos de aquellos contribuyentes que tengan derecho a las mismas. El procedimiento recaudador será más flexible para el contribuyente que se encuentre al corriente de sus obligaciones: aplazamientos sin garantía; o con la garantía de devoluciones solicitadas.

Se deberá desarrollar ua Administración Tributaria más cercana al ciudadano y los problemas del contribuyente, facilitando los trámites. Se establecerá una concreta responsabilidad de la Administración en sus errores de gestión; y un procedimiento abreviado para resolver estos casos con la menor molestia para el administrado.