La acción política debe basarse en los principios de cada formación, y no en los oportunismos de las encuestas. Esto significa que cada problema concreto se afrontará a la luz de los propios principios plasmados en el programan electoral, que es lo que votan los electores; y no pensando en si cada medida nos reportará los apoyos que esperamos o si una medida impopular aunque necesaria nos restará votos. En la acción política se tiene que evitar la táctica habitual de confrontación y división del contrario; y se debe sustituir por un auténtico servicio público en busca del bien común. En su caso, se ejercerá una oposición leal, pensando más en servir a la población con nuestras iniciativas y críticas que en derribar al gobierno para sustituirlo.
Siempre se debe tener en cuenta que el bien común está por encima incluso del consenso: el interés por la paz política no puede llevarnos al error. Esto es porque el consenso, instrumento básico del sistema democrático, no puede establecer los principios éticos, sino que debe limitarse a encontrar la mejor manera de aplicarlos; estos principios no se votan, sino que se reconocen por todos los ciudadanos de bien, porque existen por encima de la voluntad popular y son el marco que pone los límites a la acción política, habitualmente recogido en la Constitución de cada país.
Estos límites nos prohiben -incluso desde el punto de vista de los votantes-, optar por un mal menor, cuando es posible elegir un bien -aunque sea éste pequeño y remoto- o incluso se puede eludir la acción.
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