El principio de subsidiariedad

El Estado debe intervenir en la acción social para garantizar el bien común, siempre que sea necesario porque la iniciativa privada no llegue a garantizar la cobertura de necesidades básicas; pero cuando los propios ciudadanos, mediante su iniciativa asociativa, cuba dichas necesidades, el Estado debe mantenerse al margen. Este "principio de subsidiariedad", que responde a la naturaleza social del hombre, prima la iniciativa individual y la acción ciudadana sobre la imposición del Estado, que deberá limitarse a potenciar las iniciativas que surjan -incluso incentivándolas- y actuando directamente sólo cuando una necesidad básica corra el riesgo de no quedar cubierta; o las relaciones privadas lleven a situaciones de abuso manifiesto.
Por desgracia, en las sociedades occidentales cada vez se deja más en manos del Estado la regulación de los aspectos más marginales de la vida social, entrometiéndose incluso en las propias relaciones familiares y relegando la iniciativa individual hasta un punto en el que se hace prácticamente imposible (1). Muy especialmente, esto se pone de manifiesto en la acción política, que queda relegada a los grandes partidos que tienen representación parlamentaria, impidiendo la aparición de nuevas iniciativas.  Realmente, estamos ante estructuras sociales que compaginan un liberalismo moral alarmante con un Estado opresivo en todo aquello que no tiene connotaciones morales.

"… una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común" (Pío XI en la Cuadragésimo anno ).

La otra cara de la moneda del principio de subsidiariedad es el deber de todo ciudadano de participar en la vida social, en la medida de sus posibilidades y con vistas al bien común. Muy probablemente el avance opresivo del Estado se deba a la dejación de derechos y obligaciones que los ciudadanos están manifestando en occidente, buscando una cómo dependencia de un "papá estado" que les solucione todos los problemas. Parece como si estas sociedad debilitada y atontada buscase más la subvención del Estado que la subsidiariedad.

Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones asociadas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social (Compendio de la doctrina Social de la Iglesia, 185) 

(1) Especialmente grave es la intromisión del Estado en el derecho a la patria potestad y la educación de los hijos, que se va incrementando peligrosamente en las últimas décadas.