Derecho a la educación

En ningún país occidental se pondrá en tela de juicio el derecho a la educación; pero en muchos de ellos su aplicación concreta es incluso contraria a la letra y el espíritu de la norma.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,

en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación

que habrá de darse a sus hijos.

Si tenemos en cuenta que la educación debe buscar el pleno desarrollo de la personalidad humana, vemos lo distinta que es de la educación técnica y utilitarista que se imparte a nuestros hijos. Y cuando se intenta educar también su personalidad vemos que con frecuencia se trata de adoctrinarles en la ideología del gobierno de turno, tratando de sacar un provecho electoral en vez de buscar la formación integral de los jóvenes. Esto ocurre especialmente en los centros públicos, ya que en los privados los padres han podido elegir el ideario del centro, aunque sea a un alto coste económico.

Todo esto ocurre porque se vulnera sistemáticamente el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, ya sea imponiendo el ideario de los centros públicos o imponiendo asignaturas adoctrinantes en los privados.

Para garantizar el derecho de los padres, el Socialcristianismo propugna la libre elección de centro (facilitada económicamente con la subvención universal de todas las plazas escolares en los niveles de educación obligatoria) y la determinación del ideario por las asociaciones de padres, permitiendo en todo caso la objeción de conciencia tanto de los alumnos como de sus padres. Es Estado ejercerá la función educadora subsidiariamente, promoviendo las cooperativas de padres y los centros privados.