Potenciar la libertad

Mi libertad no termina donde empieza la del otro; porque las libertades individuales de unos y otros se solapan y entrelazan. Por esto es necesario un código ético que regule el ejercicio de la libertad en cuanto que entra en relación con la libertad de los demás. El liberalismo absoluto no es una situación real: nadie puede hacer lo que le venga en gana pensando que su actuar no influye en los demás, ni siquiera en ámbitos que se podrían considerar muy personales. Si queremos un marco de libertad que sea viable, tenemos que rechazar tanto la intervención absolutista del poder político -que anula la libertad de todos-, como el liberalismo total, que suele desembocar en el libertinaje o la ley del más fuerte.

El Estado deberá regular un marco ético susceptible de optimizar el bien común; y dejar que los particulares regulen sus relaciones dentro de dicho marco. Sólo cuando dicho marco sea transgredido o las relaciones bilaterales resulten manifiestamente abusivas, el Estado deberá restablecer la legitimidad.
Es verdad que sólo existe libertad ciudadana cuando el Estado actúa subsidiariamente de los pactos libremente establecidos entre los particulares; porque cuando interfiere constantemente, estableciendo límites injustificados a las relaciones bilaterales, puede llegar a anular una libertad que teóricamente protege. Pero también es cierto que, cuando las circunstancias pueden propiciar situaciones abusivas del fuerte frente al débil, estos límites no sólo están justificados, sino que resultan necesarios.
En base a este principio, los poderes públicos deberán establecer -por ejemplo- condiciones laborales mínimas, erradicar la usura, prohibir el escándalo público, la pornografía y las relaciones sexuales con menores, promover la fidelidad conyugal, perseguir el tráfico de drogas, el adulterio, el suicidio y la eutanasia, que son siempre actos que invaden la esfera social en general, aunque se cometan de mutuo acuerdo entre las partes.
Curiosamente, en la actualidad parece como si el único vicio con repercusión social que existiese fuese el tabaco, que se ha llegado a prohibir incluso en aquellos locales en los que todos estuviesen de acuerdo en fumar. La escusa que se alega es que la salud individual se convierte en cuestión pública a la hora de sufragar los gastos, como si no nos saliesen a la larga mucho más caras a todos las infidelidades conyugales de algunos o las obsesiones sexuales de otros. ¿Cómo se puede prohibir comprar tabaco a un menor de 18 años; pero se permite abortar a una niña de 16 sin consentimiento paterno?
Por supuesto, el propio ejercicio de la función pública debe quedar también sometido al marco ético, estableciéndose un código de conducta que pueda ser verificado por los ciudadanos.