En muchos casos, grupos de poder organizados y con influencia en sectores básicos de la economía o la sociedad –medios de comunicación, sindicatos, industrias básicas, organizaciones financieras-, chantajean al poder político para obtener privilegios que habitualmente no son legítimos. Su amenaza suele ser la retirada del apoyo financiero, mediático o electoral. Estos chantajes suelen calar a fondo cuando se esgrimen frente a políticos mediocres y sin ideales; lo que, por desgracia, es demasiado frecuente.
Pues bien, una sociedad no puede considerarse democrática cuando está en manos de estos grupos de presión, porque entonces es la opinión o el interés de una minoría lo que acaba imponiéndose sobre la auténtica voluntad popular.
El Estado debe evitar, mediante el ejercicio de los medios que tiene a su alcance, que estos chantajes lleguen siquiera a plantearse. Y los electores deben tener suficiente información y criterio como para expulsar del sistema político democrático a quienes ceden ante estas presiones.
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